Paula Ruiz
La diputada Ivonne Acuña, con el respaldo de 23 legisladores más, presentó un proyecto de ley para prohibir el aborto terapéutico cuando la salud de la madre corra riesgo. Es la respuesta de la congresista del bloque Nueva República, a la eventual firma de la norma técnica de aborto impune por parte del Poder Ejecutivo.
La iniciativa de Acuña plantea una reforma al artículo 121 del Código Penal, para que la interrupción del embarazo solo sea posible cuando la vida de la mujer esté en peligro.
La legisladora busca cerrar el portillo al Poder Ejecutivo, para interpretaciones cuando presente la norma técnica. Esta es un protocolo el aborto terapéutico contemplado en el Código Penal.
El aborto impune – también llamado terapéutico – está incorporado en el Código Penal costarricense vigente desde 1971, a través del artículo 121. Establece la posibilidad de interrumpir un embarazo, cuando continuarlo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer.
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Aunque es legal desde hace casi 50 años, la diputada evangélica defiende que la norma técnica es ilegal, pues no tiene facultades para normar en materia penal. Sin embargo la eventual normal, será un reglamento y protocolo de una norma ya existente.
El presidente Carlos Alvarado prometió que firmaría la norma técnica este año.
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Lo dicho por Sala Constitucional
En el 2004, se presentó una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos, entre ellos el 121 en cuestión.
En la resolución 2004-02792, los magistrados de la Sala Constitucional declararon sin lugar la acción, ya que no se puede elegir entre la vida o la salud de la mujer.
Acuña señaló que “el término salud está intrínseco en vida”. “Es decir, cuando usted resguarda la vida de una persona, por default está resguardando salud”, dijo este martes.
Sobre si su proyecto es inconstitucional, la legisladora indicó que la discusión en el Congreso está abierta para poder definir qué se entenderá por salud. “Por ejemplo, salud orgánica o física”, afirmó.
Antes de iniciar la discusión en el Congreso, el proyecto aún requiere ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta y que el presidente legislativo, Carlos Benavides le asigne una Comisión Legislativa para su análisis.
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