Josué Alvarado
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Turismo, Carolina Delgado, reconoce que no está funcionando y rindiendo frutos la ley que pretendía regular el hospedaje no tradicional, como Airbnb, que está vigente desde junio del 2020.
La legisladora explica que están intentando hacer una serie de reformas a esta ley que permitan, ahora sí y una vez más, obligar a los anfitriones o personas que alquilan sus propiedades a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cada vez que concretan una venta.
La ley del 2020 ya obliga a los anfitriones a hacer dicho pago. Sin embargo, según datos del Ministerio de Hacienda hasta finales del 2023 solo estaban inscritos y pagando impuestos 117 destinos, de las 44.000 opciones de hospedaje no tradicional que ya operan en el país.
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Los anfitriones no solo burlan al Ministerio de Hacienda. También al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), donde deberían de estar inscritos por mandato legal. Pero la misma legisladora dice que solo lo han hecho unos 500 de ellos.
“En Costa Rica quien realiza una actividad económica tiene ciertas responsabilidades como negocio por sí mismo. La ley anterior lo que hace es reconocer que existe el hospedaje no tradicional y que debe cumplir ciertos parámetros”, explicó.
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Tratan de encontrar problemas y de enmendar la ley
La legisladora señala que antes de presentar la propuesta de reforma están conversando con todos los sectores involucrados. Esto les permitirá saber “por qué no ha funcionado y qué es lo que han hecho otros países”.
También les ha permitido identificar algunas debilidades, como la poca capacidad que tienen las municipalidades para regular y administrar este tipo de ventas.
Delgado dice que en este momento esas 44.000 ofertas de hospedaje no tradicional compiten con las 55.000 habitaciones que ofrecen los destinos tradicionales, como hoteles o cabinas.
La legisladora señaló que es importante que quienes alquilan sus propiedades sepan que no están solo generando un “extra”, si no que la ley en Costa Rica establece que esta es una actividad económica, por lo que deben cumplirse ciertas responsabilidades.
Delgado espera que durante abril se dictamine el proyecto de reforma (N°23.766) en la Comisión de Turismo. Después, espera que el Poder Ejecutivo lo convoque para las sesiones extraordinarias.
