Josué Alvarado
La ley obliga a dueños y anfitriones del hospedaje no tradicional (como Airbnb, Homeaway y Vrbo) a estar registrados ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) como un requisito para poder operar. Sin embargo, este mandato no se está cumpliendo.
A pesar de que la ley entró a regir en junio del 2020 y su respectivo reglamento en octubre del 2021 las miles de personas que ofrecen este tipo de servicio en Costa Rica se niegan a hacer la inscripción, que consiste en un trámite en línea.
Airbnb es quizás la compañía de este tipo con la operación más grande en Costa Rica. Y es un “quizás” porque la compañía no ha hecho pública la cantidad de hospedajes disponibles en el territorio nacional. Sin embargo, para el año 2020 la Universidad de Costa Rica (UCR) estimó que había unos 14.000 destinos costarricenses inscritos en dicha plataforma.
Todos ellos deben estar registrados ante el ICT para poder ofrecer este servicio. Pero datos compartidos a este medio señalan que a la fecha solo 578 están debidamente acreditados.
Es decir, si se toma como referencia las 14.000 unidades estimadas por la UCR, únicamente el 4,13% de ellas estarían cumpliendo con la ley.
ICT: “Es obligatorio estar registrado”
“La ley establece que es obligatorio estar registrado”, dice Walter Monge, jefe de Gestión y de Asesoría Jurídica del ICT. En su opinión, es tarea de las municipalidades y el Ministerio de Hacienda -y no del ICT- determinar si un establecimiento que falta a la ley puede seguir funcionando.
“Ahora uste me pregunta a mi ¿Eso ha pasado? Yo no podria contestarle porque se supone que es la municipalidad y Hacienda las que deberían de velar por el fiel cumplimiento de lo que establece la ley”, añadió en una entrevista con El Observador.
Según Monge, el ICT le pasa esta información a Hacienda con el fin de que pueda hacer el respectivo cobro de impuestos. En dichos informes le han señalado al ministerio que el crecimiento de hospedajes inscritos es “leve, mínimo”.
Por otro lado, dijo que le parece “extraño” que las personas que prestan este servicio se resistan a cumplir la ley, pues es un proceso sencillo y que no requiere de otros requisitos como patentes o permisos.
Luego de que el propietario ingresa sus datos, el ICT emite en menos de 10 días un código que le identificará en asuntos administrativos. Eso sí, eso también significa que deberá pagar los impuestos correspondientes, pues dichos datos se intercambian con Hacienda.
“Hemos tratado de ser demasiado expeditos”, indicó.
Cuando se le preguntó al vocero del ICT si existe la posibilidad de que las personas no se inscriban para evitar el pago de tributos respondió:
“Podría ser, porque a veces las pequeñas empresas tratan de reducir sus costos, pero diay si está establecido por ley que les compete registrarse yo hubiera pensado que es lo más sencillo registrarse”, comentó.
El Observador solicitó datos sobre este grupo de contribuyentes al Ministerio de Hacienda desde el 21 de agosto. La institución no se ha referido desde entonces.
Este medio intentó conocer la posición de Airbnb en cuanto al mínimo porcentaje de anfitriones que ofrecen su servicio a través de la aplicación sin cumplir con la ley.
(Josué Alvarado/El Observador).
Entre otras cosas, se intentaba cuestionar si tienen mecanismos de control para asegurarse que quienes estén generando recursos a través de su plataforma tengan todos los requisitos.
Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
El vocero del ICT reconoce que como institución no están en conversaciones con las plataformas, ni lo han estado recientemente, para tratar de trabajar en conjunto y cumplir finalmente la tarea de tener un registro sólido de este sector emergencia de la economía.
Sin embargo, dijo que él tiene la impresión de que las plataformas están tomando medidas y haciendo cambios para que la ley que regula a los anfitriones se cumpla.
“Yo creo que va a haber un ajuste entre las plataformas y Hacienda porque al final también es un tema impositivo, en última instancia”, dijo.
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Crece el número de anfitriones
Aunque la compañía se reserva el número oficial de hospedajes en Costa Rica, el director de Políticas Públicas y Comunicaciones de Airbnb para Caribe y Centroamérica, Carlos Muñoz, dijo en una reciente entrevista que está creciendo.
Un estudio dado a conocer por la empresa el pasado 29 de agosto concluye que las ganancias de los anfitriones que operan en las zonas no urbanas aumentaron en un 50% durante el último año.
Esto le convierte en el país de América Latina en el que más aumentó el ingreso de los anfitriones por el alquiler de sus propiedades. El promedio de crecimiento para los anfitriones de la región llegó a 30%, en Colombia “casi 50%” y en Chile “más del 40%”.
“Cualquier persona que tenga una habitación en su casita, o tenga una casita en la playa o en la montaña una chocita puede ponerla en Airbnb y empezar a beneficiarse directamente. En este sentido estamos viendo más participación ciudadana en pro del turismo costarricense”, comentó.
Canatur: Hacienda no aplica la ley con rigurosidad
La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) considera que a pesar de que existe una regulación para que el Estado cobre impuestos al hospedaje no tradicional, el Ministerio de Hacienda no hace la labor suficiente para cobrarlos y esto provoca que se genere una distorsión en el mercado.
“A pesar de que existe una regulación no se ha aplicado con la rigurosidad que se hubiera esperado”, comentó la directora ejecutiva de Canatur, Shirley Calvo, en una reciente entrevista con este medio.
“El Ministerio de Hacienda nos parece que no ha sido los suficientemente contundente para realizarla (la recaudación)”, añadió.
El vicepresidente de la misma cámara, Arnoldo Beeche, se refirió como “la amenaza del hospedaje no tradicional” a este tipo de opciones para viajar, debido a la competencia desleal que se genera en las condiciones actuales.
Según datos de Canatur actualmente uno de cada seis turistas que llegan al país se hospeda en sitios que contrataron a través de Airbnb o plataformas similares.
