Paula Ruiz
Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley que realiza reformas profundas a las potestades regulatorias y de supervisión del sistema bancario y financiero. El cambio es necesario para la incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
La iniciativa reforma 31 artículos y adiciona el artículo IV de la Ley Orgánica del Banco Central, relacionada con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y sus funciones.
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Los cambios aprobados se relacionan con lo siguiente:
- Regulación: modifica el tipo de regulación del Banco Central sobre las entidades fiscalizadas. Permitirá detectar riesgos sistémicos pero a la vez, ordenar medidas precautorias.
- Supervisión consolidada: establece la supervisión consolidada ejercida sobre grupos económicos, por lo tanto se permitirá al supervisor ejercer un control integral. Es decir, fiscaliza operaciones transfronterizas y del conglomerado financiero al que pertenece.
- Fortalecimiento: fortalece la Ley Orgánica del Banco Central y reforma el régimen de sanciones.
El diputado José María Villalta consideró que la iniciativa pretende evitar casos como el recién sucedido en el país con Aldesa, pues le permitirá a la Superintendencia correspondiente, una supervisión exhaustiva.
“En buena hora que lo vamos a votar 15 años tarde y después de 4-5 expedientes similares, en este caso podríamos decir que a la cuarta es la vencida”, reconoció.
Su segundo debate será el próximo 15 de octubre.
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Proyecto de Incopesca
Por otra parte, los congresistas aprobaron en primer debate una modificación a la Ley 7384, para que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) tenga mayor representación gubernamental en contraposición con el sector pesquero. Desde su nacimiento en 1994, la entidad mantiene este conflicto de intereses en su directiva.
Este proyecto también es necesario para el ingreso de Costa Rica ante la OCDE y amplía hasta 11 la cantidad de miembros. Se pretende evitar que el sector sea juez y parte de las políticas públicas.
El proyecto establece un Transitorio para que aquellos miembros ya nombrados cuando entre en vigencia la Ley, continúen en el cargo hasta finalizar el período para el cual fueron nombrados.
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