Hermes Solano
La Asamblea Legislativa avanzó, con la aprobación en primer debate, del expediente 23.593 “Reforma parcial a la Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense”.
El proyecto, que reforma la Ley 9.999, tiene como objetivo evitar la revictimización del menor de edad. Pero además, garantiza que los educadores, acusados por los padres de familia, tengan una legítima defensa.
“Esta ley tiene por objetivo reconocer la condición de sujeto de derecho de las personas menores de edad y prevenir su revictimización. Además evitar la impunidad en los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo que cobija a la persona funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP)”, dice el texto.
Añade: “que tengan por objeto determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de denuncia por daños a la propiedad, maltrato físico, emocional, trato corruptor, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual o cualquier otra conducta tipificada como delito sexual por el capítulo de delitos sexuales del Código Penal que involucre a una persona menor de edad o a un grupo de personas menores de edad, como víctimas”.
“Es una ley cuyo objetivo principal es la no revictimización del niño, pero se garantiza un debido proceso para que exista una legítima defensa del trabajador de la educación”, indicó el diputado del PLN Geison Valverde.
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(Cortesía Asamblea Legislativa).
Amplía discusión
Antes de que se aprobara en primer debate hubo una larga discusión por parte de los legisladores, que dieron cuenta de la importancia de que los niños no sean revictimizados cuando hay casos en su contra, pero también, que se debe cuidar el no estigmatizar a los docentes.
“Hemos trabajado de la mano de APSE, ANDE, SEC, Colypro y las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa, para hacer una reforma que proteja tanto al niño, sin violentar el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas trabajadoras de la educación”, reiteró Valverde.
La reforma pretende aclarar la forma en la que se exige valorar la prueba -pro víctima-, las acciones a tomar una vez iniciada la investigación y la prohibición de investigar de manera previa.
El segundo debate de este proyecto se dará en los próximos días.
