Paula Ruiz
Diputados de varias fracciones legislativas presentaron un proyecto de ley mediante el cual prometen seguridad jurídica en la regulación de plataformas de financiamiento colaborativo o crowdfunding.
El plan es impulsado por Jorge Dengo y Kattia Cambronero del Liberal Progresista, además de los socialcristianos Daniela Rojas y Alejandro Pacheco y las verdiblancas Montserrat Ruiz y Paulina Ramírez.
“Es un mecanismo por el cual, personas y empresas pequeñas pueden recibir financiamiento por parte de inversionistas que estén interesados en sus emprendimientos. Esto sin la necesidad de acudir a financiamientos bancarios”, explicó Dengo.
De acuerdo con el legislador, esta es una nueva forma de financiamiento para poder obtener recursos que permitan sostener y hacer crecer los emprendimientos.
Los proponentes destacan que, es de particular importancia para aquellos emprendimientos relacionados con la innovación disruptiva, “quienes, por la naturaleza de su actividad no suelen ser sujetos de crédito en el sistema financiero tradicional.
“Por ello por lo que el crowdfunding se convierte en una herramienta para exponer sus proyectos y poder recibir financiamiento por parte de inversionistas, todo en un marco de seguridad jurídica”, señala el comunicado.
De esta manera, se otorgan nuevas posibilidades de obtener recursos y a la vez, una reactivación económica ante mayores oportunidades de desarrollo económico.
Los requisitos
El proyecto de ley establece una lista de requisitos para quienes busquen formalizarse como plataformas de financiamiento colaborativo.
Algunas de ellas tienen que ver con un capital inicial de ¢100 millones así como disposiciones establecidas por la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Igualmente deben inscribirse ante el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, pese a que no pesará sobre ellas la Ley Reguladora del Mercado de Valores.
Otros requisitos serían:
- Disponer de procedimientos administrativos y contables adecuados, mecanismos de control interno, técnicas eficaces de administración y control de riesgos y mecanismos eficaces de control y salvaguardia de sus sistemas informáticos.
- Disponer de directores, gerentes y funcionarios de probada honorabilidad, conocimiento y experiencia.
- Contar con un reglamento de operaciones y funcionamiento que será puesto a disposición del público. Los aspectos mínimos por considerar dentro de este reglamento serán definidos reglamentariamente por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
El plan establece que la Sugeval tendrá el aval para revocar o suspender la autorización cuando la plataforma incumpla con los requisitos.
Con respecto a los inversionistas, se permitiría que sean personas físicas o jurídicas “y los patrimonios autónomos, siempre que no exista ley en contrario”.
Adicionalmente establece sanciones tanto de multa como de cancelación de licencia para operar. Estas van entre uno y 100 salarios base y hasta cinco años para no poder actuar de manera legal. Cada una dependerá de la gravedad al catalogarlas como leves, graves y muy graves.
La iniciativa será analizada en la corriente legislativa mediante el número de expediente 23.827 y todavía no tiene una comisión legislativa asignada para estudio.
