Paula Ruiz
Un grupo de diputados de diferentes bancadas busca resguardar el proyecto de ley 20.861 que pone tope a las tasas de interés, mediante una consulta a la Sala Constitucional.
Según explicaron, el propósito es garantizar que el plan no tiene ningún roce constitucional para poder continuar su trámite en el Congreso.
Lo que se busca es evacuar dudas sobre aspectos relacionados con la metodología, la fijación de precios y proporcionalidad de las penas tipificadas en el Código Penal por el delito de usura, según explicó Erick Rodríguez, diputado independiente que lidera la consulta.
La también independiente, Ivonne Acuña, señaló que aunque el proyecto tiene eco popular se estaría cometiendo el error de aprobar la iniciativa en época de crisis, cuando las personas necesitarán de créditos, pero se les cerrarían las puertas para ser sujetos de esa entrada adicional para apalancar su economía.
Acuña recordó que el proyecto no es retroactivo, es decir, los préstamos ya aprobados continuarán con las tasas fijadas. Sin embargo, podrían optar por una refundición de deudas que no sería para todos, pues, quien no tenga capacidad de pago o sea visto como de riesgo, quedará excluido.
“Ahora con más razón, siendo que la economía no es la misma, tenemos miles de costarricenses cesados o que han sido reducidas y que de una u otra manera necesitarán apalancar su economía a través de préstamos bancario u otro préstamo financiero”, señaló.
¿Realmente lo atrasa?
El legislador Rodríguez manifestó que probablemente, quienes lideran la iniciativa o simpatizan con él, podrían tomar esta consulta facultativa como una manera de atrasar la iniciativa.
Sin embargo, reconoció que el proyecto cuenta con un transitorio único donde se indica que entraría a regir en la primera semana de julio o la primera semana de enero.
Tomando en cuenta que la Sala Constitucional tiene un mes para responder, el diputado es claro en que no significará un atraso.
“Estamos en abril, (la respuesta) estaría llegando a finales de mayo y, ¿En qué se está atrasando si entra a regir a julio?” declaró.
“Más bien les hago un favor, porque si la consulta sale bien, el proyecto quedará blindado, pero si se aprueba y a futuro se presenta una acción de inconstitucionalidad, se trae abajo la Ley”, amplió Rodríguez.
Figura de la Sala IV
La figura de la consulta de constitucionalidad se utiliza en Costa Rica desde 1989, cuando fue creada la Sala Constitucional.
Su presentación se hace contra proyectos que ya fueron aprobados en primer debate y requiere de al menos 10 firmas de diputados quienes además deben exponer los motivos por los que cuestionan las leyes.
Si el proceso es admitido, los magistrados revisarán el expediente legislativo y procederán a emitir su opinión, la cual es vinculante en cuanto a temas de procedimiento pero no de fondo.
El abogado constitucionalista Fabián Volio explicó que el precedente que marca una sentencia que cuestione las iniciativas de ley marca el terreno para futuros pronunciamientos.
“Si la Sala Constitucional ya dijo que un proyecto de ley es contrario a la Constitución antes de que sea aprobado y luego se vota ya la Sala externó su opinión y cuando una persona ataque esa ley ya publicada ya se sabe cuál va a ser el resultado: la Sala la anularará”, indicó el especialista.
En la misma línea se pronunció el exmagistrado Ernesto Jinesta para quien las consultas de este tipo son “un medio completamente legítimo que pueden usar los legisladores”.
De acuerdo con el jurista, la Asamblea Legislativa siempre ha respetado las posturas de la Sala, que se emiten a manera de recomendación y no de sentencia.
Jinesta recordó que el control de constitucionalidad se puede hacer de manera posterior pero de también de manera previa como en estos casos, lo que conlleva una serie de ventajas entre las que destacó:
- Agilidad: se resuelven en 30 días, a diferencia de una acción de inconstitucionalidad que puede tardar hasta 4 años
- Seguridad jurídica: permite dictaminar desde antes de que la ley entre en rigor.
- Prevención: evita futuros conflictos por la aplicación de leyes que terminen anulándose.
- Preservación: previene alteraciones en la normalidad social, económica y cultural mediante leyes que irrespetaran la Carta Magna.
“Aunque la ley dice que no es vinculante si produce el efecto de dejar cuestionada la validez de antemano”, agregó.
Los diputados aprobaron el proyecto que pone tope a las tasas de interés el lunes anterior y tenían previsto darle segundo debate este jueves.
Este plan ha sido polémico pues el Banco Central de Costa Rica, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) han advertido en reiteradas ocasiones que su aprobación provocará la exclusión de una mayor cantidad de personas del sistema financiero formal.
