Paula Ruiz
Tres diputados de oposición buscan apurar un proyecto de ley que permita trabajar a los coligalleros de Abangares.
Se trata del expediente 21.229 que implica reformas al Código de Minería y la Ley para Declarar a Costa Rica País Libre de Minería Metálica a Cielo Abierto.
Quienes buscan su avance son los liberacionistas Jorge Fonseca y Daniel Ulate y el socialcristiano José María Guevara.
Fonseca explicó que el proyecto había sido aprobado en primer debate, aunque tras una consulta ante la Sala Constitucional, los magistrados puntualizaron cambios.
Posteriormente, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad emitió un informe para que la Comisión de Guanacaste donde había sido dictaminado, realizara las correcciones.
No obstante, eso lleva un año en espera de que se apruebe una moción para que el foro de Guanacaste continúe su proceso.
Debido a este panorama, se espera que este lunes o martes se discuta dicha moción.
“Se llegó a un acuerdo para que lunes o martes se discuta moción para conocer informe de Comisión de Consultas de Constitucionalidad, se vota y se remite a la Comisión dictaminadora con plazo de 60 días para emitir el dictamen con el proyecto corregido”, resaltó.
Bloqueos en nada
En setiembre del 2020, oreros de esta zona, bloquearon el paso por la carretera Interamericana Norte.
Producto de ello, acordó con los coligalleros, la introducción de varias reformas que permitieran una moratoria, así como su pronta aprobación.
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En detalle, el acuerdo indicaba:
El Gobierno de la República mediante el MINAE se compromete para el día 15 de setiembre a introducir las reformas pertinentes al Proyecto de Ley 21229, para incorporar la moratoria de doce meses para otorgar permisos de exportación de oro a organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala debidamente acreditadas en el Registro nacional Minero. El Gobierno también se compromete a dar apoyo para la pronta aprobación del proyecto.
Sin embargo, aún no ha sido aprobado. Los diputados criticaron que durante 8 meses de sesiones extraordinarias en manos del Gobierno tampoco lo impulsaron.
“La iniciativa busca volverlo a activar pues de ahí dependen miles de familias porque se les está quitando el derecho de poder utilizar, operar las minas como medio de subsistencia”, especificó Guevara.
“Si no les damos la licencia, si no los legalizamos, van a estar en la misma situación como les pasó el lunes (anterior) cuando fueron decomisadas sus herramientas”, concluyó.
El acuerdo firmado el 14 de setiembre de 2020 buscaba la pronta aprobación del proyecto.
