Hermes Solano
El caso de la bebé de nueve meses desaparecida, de nombre Keibril, raptada el fin de semana, e hija de una menor de edad de 13 años, hizo que desde la Asamblea Legislativa varios diputados alzaran la voz y pidieran respuestas a las autoridades.
La Comisión de la Mujer aprobó recibir en audiencia a la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, para que hable de las acciones emprendidas y los protocolos en casos de desapariciones, agresiones sexuales y violaciones contra niñas, adolescentes y mujeres.
También llamaron a cuentas a jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Poder Judicial.
Desde la desaparición de la menor, el PANI ha preferido guardar silencio e incluso el presidente Rodrigo Chaves ordenó una investigación a lo interno de la institución.
“Tenemos que ver qué pasó dentro del PANI. Ella (la niña de 13 años) vivía con él (con su padrastro y principal sospechoso de raptar a la bebé)” dijo el mandatario.
“Y créanme por Dios, que si encontramos negligencia en el PANI van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias dentro del marco de la ley”, agregó.
Otro que pidió explicaciones a esa institución es el diputado del PLN, Francisco Nicolás.
“Le he solicitado a la ministra de Niñez y Adolescencia, quien es también presidenta ejecutiva del PANI, me brinde explicaciones al respecto, esto ya que con asombro nos hemos enterado que la adolescente, madre de la bebé desaparecida, había sido previamente separada de su hogar por parte del PANI por recibir presuntos tratos abusivos y negligentes”, indicó el legislador.
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La fracción del PUSC pidió una investigación exhaustiva del caso.
Exigen investigación
Por su parte, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) solicitó que se investigue a todas las instituciones públicas que conocían del caso de la niña embarazada.
Los socialcristianos hicieron la solicitud al Ministerio Público para que inicie una investigación de manera exhaustiva en el PANI, el Ministerio de Educación Pública (MEP), Hospital Max Peralta y “cualquier otra institución pública que tuviera conocimiento, y no activara los protocolos establecidos para atender casos de relaciones impropias”.
“Es un caso que tiene al país consternado y a nosotros como fracción nos tiene indignados. No se puede pasar por alto, porque no sabemos si existen los protocolos para atender estos casos”, dijo Daniela Rojas, jefa de fracción del PUSC.
Las autoridades de seguridad y judiciales siguen en la búsqueda de la bebé. El sospechoso del rapto, el padrastro de la niña de 13 años, está en la cárcel descontando seis meses de prisión preventiva.
