Tomás Gómez
Los diputados se mantienen firmes en su decisión de redireccionar solamente $35.000 millones del Fondo Especial de Educación Superior Universitaria (FEES) a gastos de infraestructura y no los ¢70.000 millones propuestos por el Ministerio de Hacienda.
La definición del monto final que recibirán las cinco instituciones tendrá su batalla final en el ring del Plenario legislativo, donde llegará con ¢512.000 millones. De ellos, ¢35.000 millones irían destinados para gastos de capital.
Amparada a una interpretación del convenio del FEES, la exministra de Hacienda Rocío Aguilar impulsó redireccionar ¢70.000 millones a gastos de infraestructura con el propósito de impulsar la reactivación de la economía.
Por iniciativa de las diputadas Paola Valladares y Karine Niño de Liberación Nacional y el oficialista Enrique Sánchez, la Comisión de Asuntos Hacendarios rebajó el monto de ¢70.000 a ¢35.000 millones.
Adicionalmente, tras la marcha de las universidades a Casa Presidencial, el Gobierno avaló que bajo la figura de autonomía, sean dichas instituciones las que definan que entienden por gastos de capital.
El foro de asuntos hacendarios prepara ahora los dictámenes finales sobre el presupuesto y que permitirá a los 57 diputados tomar una decisión.
Aunque aún hay chance de modificar los topes presupuestarios, el ambiente pinta favorable para mantenerlos tal y como están.
Mayoría dan soporte
En consultas hechas por El Observador, la mayoría de las fracciones mostraron simpatía por la versión delineada por la comisión que analizó la propuesta.
La liberacionista Ana Lucía Delgado, presidenta del foro, afirmó que ningún acuerdo firmado entre Casa Presidencial y los rectores estaría por encima de la decisión de los diputados.
“Estoy absolutamente a favor de los recursos destinados a la educación superior, lo cual debe traducirse en mejor infraestructura, ampliación en los cupos de matrícula, incentivos a la investigación y el desarrollo tecnológico, fortalecimiento de los programas de becas y la proyección universitaria principalmente en las comunidades fuera del área metropolitana”, aseguró.
Pablo Heriberto Abarca, de la Unidad Social Cristiana, sostuvo que su grupo no estaría dispuesto a hacer más cambios de los ya aprobados.
En la misma línea se manifestó el oficialista Sánchez, quien adelantó el apoyo del oficalismo al plan y calificó de “riesgosa” la posibilidad de que el Plenario realice modifcaciones al prespuesto ya afinado.
Finalmente el bloque evangélico, mediante su representante Jonathan Prendas, dijo que respetarán las sugerencias que salgan de la Comisión de Hacendarios.
