Paula Ruiz
Los diputados no ven posible que el proyecto de ley que autoriza nuevas emisiones de eurobonos sea aprobado antes de que finalice el mes de julio.
Ello contrasta con los planes del Gobierno. El viernes pasado, autoridades del Ministerio de Hacienda señalaron que si los eurobonos se aprueban en julio, la primera emisión podría estar lista en noviembre, para tener esos ingresos frescos a partir de diciembre.
Así lo indicó el ministro Nogui Acosta durante la presentación del Plan de Financiamiento 2022.
Flujo previsto por el Ministerio de Hacienda. (Captura de pantalla)
Vanessa Castro, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, donde se discute esta iniciativa, no considera viable dicha aprobación en el mes en curso dada la lentitud del trámite legislativo.
Aunque el oficialismo presentó un texto sustitutivo para este plan, Castro reconoció que deberán incorporar advertencias realizadas por el Banco Central de Costa Rica y la Contraloría General de la República.
“Son cláusulas que aseguran los procedimientos de la deuda y los procedimientos de la colocación de los bonos”, destacó.
Esta incorporación de observaciones implicarían mociones o un nuevo texto sustitutivo, reconoció Castro.
Luego de su trámite en el foro legislativo, el expediente pasaría al Plenario legislativo para sus votaciones finales, por lo que no quedaría tiempo para su aprobación o rechazo en este órgano durante julio.
Para este martes, la Comisión tiene previsto conocer un informe emitido por una subcomisión que elaboró un cuadro comparativo entre el texto sustitutivo y el proyecto original.
“No estamos hablando de cualquier cosa y se debe tomar en serio. Sí estamos tratando de apurarnos para tenerlos, el mismo ministro (de Hacienda) nos dijo que antes de setiembre era lo recomendable porque la gestión no sale rápido sino que hay que buscar un gestor que maneje donde se van a colocar los bonos, es un trabajo arduo así que no es tan sencillo”, afirmó la diputada.
En esta misma línea, Gilberto Campos, legislador del Partido Liberal Progresista apuntó a la buena disposición de los congresistas miembros del foro legislativo para este tema.
Eso sí, consideró que “el Gobierno insiste en mantener en la agenda otros proyectos que retrasan el trámite de eurobonos, como el proyecto de reforma a la Ley del Sistema Nacional de la Calidad”.
Kattia Rivera, jefa de fracción de Liberación Nacional e integrante de este foro, apuntó a una serie de dudas que persisten sobre esta autorización.
“Veo difícil que en estas dos semanas que resta de sesiones ordinarias, se pueda aprobar, pero seguimos en el análisis dentro de la Comisión para ver hasta donde podemos llevar adelante este proyecto de una forma sumamente responsable”
Vanessa Castro (derecha) lidera la Comisión de Asuntos Económicos donde se estudia el proyecto para autorizar eurobonos. (Cortesía Asamblea Legislativa)
Con cambios
Castro también resaltó que su bancada, la de Unidad Social Cristiana (PUSC), apuntaría a una aprobación por $6.000 millones.
El plan del Gobierno es la autorización por un total de $12.000 millones distribuidos en $6.000 millones para las primeras emisiones e igual cantidad para el repago.
Además, busca la autorización de $2.000 millones para líneas de crédito.
Castro indicó que el ambiente en su bancada es para aprobar solo la primera emisión aunque todavía no definen la distribución, es decir, si un solo tracto de $6.000 millones, dos de $3.000 millones, tres de $2.000 millones o cuatro de $1.500 millones.
En tanto, Sofía Guillén, legisladora por el Frente Amplio coincidió con Castro con la autorización solamente por $6.000 millones.
“Me parece que primero deberían tener los $6.000 millones con la línea de crédito y una vez que van colocando, a partir de ahí tendrían que estar las proyecciones de repago, me parece que sería adelantado dar el repago ya”, contestó Guillén.
Por su parte, Campos apuntó a que el proyecto debe de tener más controles.
También señaló que debería de tener “claramente las tasas de interés a las cuales el Gobierno pretende transar, valoraciones de los bancos a través de los cuales se pretende mover ese dinero y compromiso de parte del Gobierno de que tendrá una posición mesurada en el crecimiento del gasto corriente”.
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