Paula Ruiz
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) inhabilitar, por al menos 4 años, a la vicepresidenta Epsy Campbell para ejercer cargos públicos.
La solicitud se realizó este jueves luego de una investigación política relacionada con presuntos nombramientos irregulares.
Éstos los habría realizado Campbell cuando ejerció como Canciller de la República.
El análisis hecho por los legisladores se sometió a votación hasta este jueves, con ocho votos a favor y uno en contra.
“Es la Procuraduría quien resuelve su dictamen que los puestos de dirección en Cancillería no se efectuaron de manera correcta y no podían ser catalogados como puestos de confianza”, señaló Luis Fernando Chacón, diputado liberacionista.
En el expediente legislativo también se solicita al Ministerio Público a investigar a Campbell por los posibles delitos de perjuicio de la Hacienda Pública, nombramiento ilegal y posible tráfico de influencias.
Adicionalmente, recomiendan al Poder Ejecutivo realizar una investigación administrativa por las posibles faltas cometidas por Campbell. También piden no nombrarla en ningún otro puesto adicional.
Los congresistas también solicitan la apertura de un procedimiento administrativo contra Natalia Córdoba, quien al momento de la investigaciión fungía como Directora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, por justificar los nombramientos realizados.
¿Qué pasó?
Epsy Cambpell estuvo al frente de la Cancillería desde el inicio de la administración de Carlos Alvarado hasta diciembre de 2018.
En ese lapso, nombró en puestos de confianza a Adriana Murillo, como directora general de Política Exterior y Carolina Fernández, en el puesto de directora adjunta.
Posteriormente, Campbell también nombró a Adriana Solano como directora de Cooperación Internacional.
Córdoba rindió un criterio jurídico en el que aseguró que era potestad discrecional del Poder Ejecutivo el nombramiento de estos puestos, según el informe.
Tras una serie de cuestionamientos, la entonces Canciller envió una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer la situación.
Fue así como este órgano indicó que los nombramientos en cuestión, no podían catalogarse como puestos de confianza. Se determinó que las personas nombradas no tenían los requisitos para ocupar los cargos.
Reacción de la vicepresidenta
La vicepresidenta reaccionó ante la decisión legislativa donde pidió a los congresistas, centrarse en lo realmente importante.
“Mi llamado es que en los últimos meses que restan de este cuatrienio, aprovechemos el tiempo y nos preocupemos de que lo importante sea lo urgente y lo urgente sea lo más importante”, dijo.
En la declaración enviada por los medios, Campbell justificó que el Ministerio Público recomendó desestimar las causas que se mantenían abiertas por este caso.
Según expuso, esa desestimación se efectuó desde el 20 de junio de 2020.
“Todo ha quedado resuelto antes de terminar mi gestión como Vicepresidenta de la República, lo que significa que el 8 de mayo de 2022 podré concluir mi mandato sintiendo profunda gratitud con la vida por la oportunidad de servir a Costa Rica mediante un servicio honesto, coherente y constructivo”, concluyó.
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