Hermes Solano
El pasado jueves en la reunión de jefes de fracción se determinó presentar ante el Plenario dos mociones de dispensa de trámite para dos proyectos sobre temas de seguridad.
Uno de ellos busca asegurar el destino de los recursos del impuesobre elsto de las Personas Jurídicas. El otro es para fortalecer el registro judicial y evitar la impunidad.
Aunque parecía había acuerdo para aprobar los dos textos y acelerar su trámite en el Congreso, el primer expediente fue rechazado con el voto de 26 legisladores.
Se trata del expediente 23.978, propuesto por la bancada del Frente Amplio y que busca que los cuerpos policiales (Ministerio de Seguridad, OIJ, Fiscalía y demás) obtengan la totalidad de los recursos que se recaudan del impuesto a las personas jurídicas.
En medio de la discusión, el jefe de fracción del PUSC, Alejandro Pacheco, señaló que el lunes, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico avanzó con un proyecto similar, por lo que pidió que esta propuesta se votara en contra.
Lo mismo solicitó Gloria Navas, presidenta de ese órgano legislativo.
“No es una competencia de quién se va a llevar los honores. Estoy opuesta a esa dispensa y así pedimos que se vote”, dijo Navas.
Desde el Frente Amplio consideraron que la situación se da por el crédito de quién presentó el expediente, además, defendieron que desde el 11 de octubre solicitaron la dispensa de trámite.
“Hace semanas que la fracción viene poniendo sobre la mesa la dispensa y ahora la excusa del PUSC es que ya tienen otro, que por cierto lo que hicieron fue copiar y pegar”, indicó la jefa de bancada, Sofía Guillén.
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Sí lo dispensaron
Mientras tanto, el expediente 23.746 “Ley para fortalecer el Registro Judicial y evitar la impunidad”, proyecto del socialcristiano Leslye Bojorges, sí se dispensó de trámite con el voto de 42 diputados.
“Este fue uno de los proyectos que recomendó la fiscalía el día de la reunión; es de los que se consideran importantes”, defendió el presidente legislativo, Rodrigo Arias.
Esta iniciativa busca que aquellas personas que delinquen y cumplan la pena no tengan sus registros penales limpios de inmediato.
Según el proyecto, esta situación “ha llevado que, en ocasiones, una persona que ha cometido delitos, y por solo cumplir la pena, que algunos casos pueden ser “baja” pese a lo grave del delito, sus registros queden limpios en poco tiempo y promoviendo delinquir nuevamente”.
El proyecto de ley busca guardar proporcionalidad y razonabilidad, y que se salvaguarde el derecho de acceso al trabajo y los fines laborales.
Así quedaría la reforma propuesta:
Artículo 11- El Registro Judicial cancelará los asientos de las personas sentenciadas luego del cumplimiento de la pena, atendiendo los siguientes parámetros:
-Tres años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea inferior a tres años o por delitos culposos.
-Cinco años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre tres y diez años.
-Siete años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea de diez años en adelante.
-Diez años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado
