Paula Ruiz
Un grupo de diputados recomendó archivar una denuncia contra la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
Así se indica en el informe emitido este miércoles por los integrantes de la Comisión Especial que se integró para analizar la denuncia.
“Se considera procedente recomendar al Plenario rechazar la denuncia interpuesta por la parte denunciante. Y, por ende, declarar la inadmisibilidad de la misma por ausencia de presupuestos legales mínimos y señalados anteriormente en los considerandos”, indicó.
Falta de pruebas
Floria Segreda, presidenta de la Comisión, indicó que por este trámite no llamaron en audiencia a Crespo, debido a la falta de pruebas por parte del denunciante.
No obstante, el informe destaca que se buscó notificar a la Defensora para presentarse en audiencia. Aunque no logró ser ubicada por encontrarse en vacaciones.
Además, por la existencia de un recurso de amparo presentado por Crespo contra la Asamblea Legislativa por este proceso.
“Recomendamos al Plenario someter a votación y aprobar el presente informe y, por ende, rechazar por improcedente la denuncia presentada en contra de la persona jerarca de la Defensoría de los Habitantes de la República.
“(Esto) por no ajustarse a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 6 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes”, destaca el informe.
“En consecuencia, se recomienda a la Asamblea Legislativa proceder con el archivo del citado expediente disciplinario N° 22.988”, culminó.
“Violaciones al proceso”
Producto de la apertura de este proceso, Crespo recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esta instancia, interpuso una acción por una convocatoria a audiencia en la Asamblea Legislativa pactada para el 18 de abril.
Según la defensora, hay “flagrantes violaciones” de la que ha sido objeto.
“La Comisión Especial de Investigación Legislativa, le convocó a audiencia de destitución sin atender estos requisitos previos que exige el Debido Proceso y el Derecho de Defensa tutelados en el artículo octavo de la Convención de Derechos Humanos”, señaló a través de un comunicado.
“Lo que está en juego, es la democracia y la institucionalidad, pero en especial, el derecho a defender los Derechos Humanos de las y los habitantes de Costa Rica”, concluyó Crespo.
En algunos espacios políticos, surgió el rumor de que el interés detrás de esta denuncia era la destitución de la Defensora.
No obstante, las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC), rechazaron cualquier interés en esa línea.
El órgano legislativo estuvo conformado por cinco congresistas de partidos políticos distintos.
Una de ellas es la verdiblanca Yorleny León quien, con anterioridad, explicó que la denuncia nació porque un ciudadano le pidió a la Defensoría la elaboración de un proyecto de ley relacionado con un ámbito de su incumbencia.
Desde esta institución le respondieron que ellos no tienen un departamento de elaboración de proyectos de ley ni de participación ciudadana. El órgano remitió a la persona a la Asamblea Legislativa, lo cual lo molestó.
“De esa respuesta esa persona decide interponer una denuncia ante la Asamblea”, informó la congresista.
La liberacionista reconoció que existe un vacío porque toda denuncia presentada contra la Defensora implica la apertura de una comisión, sin que haya un filtro previo para analizar si procede.
El informe podría ser visto en Plenario este jueves, de lo contrario, quedará en manos de los próximos diputados.
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