Tomás Gómez
Siete personas que integraban la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al momento de aprobar el aumento salarial en la institución se apersonaron a la Fiscalía luego de que el Gobierno amenazara con denunciarlos por sus decisiones.
En la lista figuran 5 de los actuales directivos:
- Jorge Hernández Castañeda, representante de los patronos
- Carlos Salazar Vargas, delegado del Gobierno
- Martha Rodríguez González, del sector sindical
- José Luis Loría Chaves, representante de las cooperativas
- Maritza Jiménez Aguilar, agente del solidarismo
A ellos se sumó el expresidente ejecutivo, Álvaro Ramos, quien fue destituido tras aprobarse el pago.
También se apersonó Guillermo Hernández, exrepresentante del Gobierno en la Directiva y quien había renunciado tras la destitución de Ramos.
El grupo dejó sus datos personales, así como los detalles de cómo localizarlos si se les llega a abrir una causa en su contra.
En su escrito, fustigaron los señalamientos hechos por el mandatario Rodrigo Chaves en su contra y dijeron que por ello dieron el primer paso.
“Ante tales aseveraciones infundadas, y con fundamento en el Principio de Transparencia en la Función Pública estamos en la mejor disposición de colaborar con esta Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos denunciados”, ratificaron.
Preparan más acciones
Hasta este viernes por la mañana los directivos no habían recibido la notificación de suspensión pero adelantan que tomarían acciones legales para defenderse.
“Dichosamente es un país de Derecho y tendremos la posibilidad de acudir a las vías de la legalidad para defender nuestros puntos de vista”, señaló José Luis Loría.
Él mostró su molestia por el manejo que ha dado el Gobierno al caso y aseguró que hay intereses detrás de dejar “acéfala” a la CCSS.
“Para nosotros el accionar del Gobierno es un atropello total a la institucionalidad de la Caja y a la ley constitutiva de la Caja, sobre eso vamos a accionar”, señaló José Luis Loría.
También señaló las formas en que se ha gestado el escenario; aduciendo que se trata de prácticas “indeseables en un país de Derecho”.
“Había un dicho muy famoso antes que decía que era como Pancho Villa, que primero fusila y después averigua. En realidad así es el Gobierno. El Gobierno primero hace un circo mediático, acusa y luego notifica hasta después”, señaló.
Lo que dijo el Gobierno
Tras el Consejo de Gobierno del miércoles pasado, el presidente Chaves anunció que suspenderían inmediata de 5 directivos CCSS “en vista de irregularidades claras, conflictos de interés y el potencia de delito penal”.
A ellos se les abrirían órganos directores para aplicar las sanciones administrativas correspondientes.
Adicionalmente, a estas 5 personas se están denunciando ante Fiscalía para que se investigue si hubo delitos en la decisión de decretar un aumento de salario para los 62.000 empleados de la CCSS.
Junto a ellos también se acusó al expresidente de la institución, Álvaro Ramos.
“Los estamos llevamos a la Fiscalía para que la Fiscalía haga una investigación en la vía penal por los eventuales hechos delictivos en los que pareciera que pudieron haber incurrido”, dijo el mandatario.
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Los nombres de los directivos cuestionados nos trascendieron debido a que primero se deben notificar y hacer el traslado de los cargos en su contra, indicó la Casa de Gobierno.
La nueva presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, alegó que el principal señalamiento, es que en teoría, no se respetaron los criterios técnicos y actuariales sobre la situación financiera de la CCSS.
Además, Esquivel sacó a colación los eventuales conflictos de intereses que existirían, pues el aumento salarial beneficiaría a familiares de algunos de los directivos.
