Josué Alvarado
¿Puede o no el Consejo de Gobierno destituir a los representantes de los trabajadores y de las empresas en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como se anunció este miércoles 7 de diciembre?
Ese es el cuestionamiento que ronda los pasillos de la Asamblea Legislativa.
También es el reclamo que hacen la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS (Siprocimeca), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) y la Unión Médica Nacional.
Y mientras se resuelve la duda, los distintos sectores califican a la actual administración de querer saltarse las regulaciones, de violar la democracia, la división de poderes y de ser violenta contra quienes no vayan con la línea de Gobierno.
Por otro lado, las sesiones de la Junta Directiva quedan suspendidas pues el reglamento establece un mínimo de cinco miembros presentes.
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La CCSS sin directivos
Este miércoles el presidente Chaves anunció la destitución de cinco integrantes de la Junta Directiva de dicha institución. Sus nombres no han trascendido, pues todavía se está en proceso de notificación.
Sin embargo, de forma preliminar se puede concluir que la destitución afecta no solo quienes representaban al gobierno en esta junta, si no también a los escogidos por los sindicatos y a, al menos una persona seleccionada por el sector empresarial.
Semanas atrás también fue destituido el otro representante del Gobierno, Álvaro Ramos, quien fue sustituido por la actual presidenta Marta Esquivel.
El Poder Ejecutivo también anunció hoy que acusó ante la Fiscalía a Ramos y a los cinco directivos que habría decidido remover de su cargo.
El presidente y sus ministros tomaron esta decisión “en vista de irregularidades claras, conflictos de interés y el potencial del delito penal”, señaló el mandatario sin ahondar en detalles.
La molestia de Chaves contra Álvaro Ramos y contra quienes integran esta junta responde a la decisión del 8 de setiembre, la de descongelar un aumento salarial a los empleados de la CCSS que había sido aprobado desde el 2020 pero que se había frenado por la pandemia.
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Uccaep recurre a reglamento de la CCSS
Mediante un comunicado interno enviado por la Uccaep a sus afiliados, al que El Observador tuvo acceso, la unión señala su oposición al anuncio de este miércoles.
Para el grupo empresarial la destitución de los directivos que no son nombrados por el Gobierno se podría dar únicamente cuando se haya una sentencia en firme.
La Uccaep se refiere al artículo 8 de la Ley Constitutiva de la CCSS, que textualmente dice que: “los miembros de la Junta Directiva desempeñarán sus funciones con absoluta independencia del Poder Ejecutivo y serán por lo mismo, los únicos responsables de su gestión. Por igual razón, pesará sobre ellos cualquier responsabilidad legal que pueda atribuírseles”.
El mismo artículo señala que los directivos “serán inamovibles durante el periodo de su cometido, salvo que llegue a declararse en su contra alguna responsabilidad legal”.
El mismo reglamento señala la independencia de los sectores por escoger a sus representantes y al hecho de que el Poder Judicial no puede impugnar estas decisiones.
La Uccaep añadió en el comunicado a sus afiliados que solicitarán al Gobierno corregir lo anunciado, sin que esto signifique que se detengan los procesos de investigación, con los que están totalmente de acuerdo.
“Manda todo a su manera arbitraria”
El secretario general de Undeca, Luis Chavarría, dijo que también revisarán con los equipos legales la destitución anunciada por el Gobierno, pues preliminarmente considera que el Poder Ejecutivo no tiene esta potestad.
“(El presidente) no quiere entender de que en Costa Rica los poderes están separados y quiere creer que manda todo a su manera arbitraria, totalitaria”, comentó.
Además, dijo que en 80 años de existencia de la CCSS nunca se había registrado una violación de esta magnitud a la autonomía de la institución.
“Este accionar no solamente es peligroso para nuestra democracia, sino llamativamente inoportuno”, señaló la Unión Médica Nacional, recordando que el próximo 23 de diciembre se pagará a los funcionarios de la CCSS los salarios atrasados desde el 2020 y que son la razón de este conflicto.
“La actuación del Poder Ejecutivo constituye una intromisión a la autonomía de la institución y un irrespeto al marco de legalidad que le rige”, reaccionó Siprocimeca.
“Sin fundamento legal”, dice diputada
A través de su cuenta en Facebook la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Dinorah Barquero, cuestionó en la misma línea: la actuación no tiene fundamento legal.
“Es un golpe de estado técnico sin fundamento ni precedentes”, escribió Barquero.
El jefe de fracción del Partido Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, dijo que el Gobierno podría estar pasando por encima de la decisión del sector sindical y empresarial a la hora de tomar esta decisión.
“Nos preocupa que la CCSS quede sin cabeza, sin Junta Directiva para la toma de decisiones (…) Con preocupación vemos la decisión que ha tomado el presidente”, comentó Acuña, quien agregó que harán consultas jurídicas al respecto.
Por su parte la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, dijo que este no era un tema menor, sin embargo se enfocó en que deben avanzar las denuncias contra los directivos de la CCSS.
Colaboraron en este artículo las periodistas Paula Ruiz y Mariana Mena.
