Paula Ruiz
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, le ordenó este miércoles, de forma inmediata, a Natalia Díaz como ministra de la Presidencia desconvocar las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo en materia de seguridad.
A su vez, la exigencia fue convocar las 26 iniciativas “que dice la Comisión de Crimen Organizado que ellos consideran apropiadas”.
Esa lista a la que hace referencia Chaves es la que los parlamentarios han solicitado al Gobierno como necesarias para afrontar la situación de violencia e inseguridad que vive Costa Rica.
El malestar del presidente se genera a raíz de que los legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico rechazaron por mayoría, el expediente 23.689 que busca reformar la Ley de Armas y Explosivos, impulsado por el Gobierno y que presentó en abril pasado, en el marco de la operación “Costa Rica segura”.
A eso se suma que ese mismo foro legislativo tenía previsto archivar los siguientes proyectos:
- Expediente 23.691: Ley para Adecuar la Respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia Organizada
- Expediente 23.692: Ley para Restaurar la Seguridad Pública y Contener a los Delincuentes que Representan un Peligro para la Sociedad.
No obstante, Chaves junto a Díaz desconvocaron esas iniciativas el martes en la tarde para evitar el archivo de los diputados.
“En vista de la inacción y actitud del Poder Legislativo, le ordeno en este momento a la ministra de la presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo y que convoque de manera inmediata las 26 leyes que dice la comisión de crimen organizado y Narcotráfico que ellos consideran apropiadas”, dijo este miércoles.
“El Congreso tiene la absoluta responsabilidad”
“A partir de este momento, el Congreso tiene la absoluta responsabilidad sin participación del Ejecutivo de generar las leyes que garanticen la desactivación eficaz y contundente contra los grupos de crimen organizado. Así lo quieren los legisladores, tienen la competencia, ellos pueden.
“Ahora les tocará asumir de este momento en adelante, la responsabilidad política ante los ciudadanos de generar un marco jurídico que pare esta guerra y este desangramiento”, fustigó el jefe de Estado.
Las declaraciones del mandatario las emitió durante la presentación de la Política Nacional de Seguridad Pública 2023-2030 realizada en la Academia Nacional de Policías, en Pococí.
“Ordené desconvocar la ley de personas peligrosas porque los diputados de comisión consideran que es contrario a la visión garantista implícita en el derecho penal costarricense desde hace 25 años por eso y que lo iban a archivar, qué barbaridad, pobrecitos, lo mandé a desconvocar, no es posible que sigamos así”, justificó el mandatario.
Aseguró que hoy en la tarde o este jueves firmará el decreto de desconvocatoria y convocatoria respectiva.
Chaves dijo que convocarán esa lista a pesar de criterios técnicos negativos “sobre muchas de ellas que la fuerza policial dice va a tener y la experiencia internacional, van a tener esas leyes sobre la criminalidad”.
Para él, ninguna de esas iniciativas tendrá impacto sobre la guerra de bandas que está poniendo la mayor cantidad de homicidios y defendió las cinco propuestas impulsadas en abril.
La presentación de esas iniciativas de ley se hicieron como respuesta ante la inacción de la Asamblea Legislativa en esta materia, según expuso.
El presidente cree que la aprobación algunas leyes que impulsan los diputados no tendrán ningún efecto.
También cuestionó las reformas aprobadas que quitan el pago del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y que modifica el levantamiento de muertos en accidentes en carretera para liberar funcionarios del Poder Judicial.
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Sin diputados oficialistas
Otro de los aspectos que molestó a Chaves durante la presentación de esta propuesta es que solo dos de los 57 diputados estuvieron presentes en el acto.
Se trata de Yonder Salas de Nueva República y Geison Valverde de Liberación Nacional. Ni siquiera un diputado del oficialismo se hizo presente en el acto.
“Lástima que hay 55 asientos vacíos cuando este es el tema fundamental en la mente de los ciudadanos costarricenses. Ahí está claro el mensaje”, expuso.
Se consultó a los diputados de Progreso Social Democrático (PPSD) sobre su ausencia al evento. Se conoció que el legislador Manuel Morales no pudo asistir porque se encuentra fuera del país desde el sábado.
Mientras que su compañero de bancada Waldo Agüero tampoco asistió porque debía sustituir a Morales en la Comisión de Asuntos Internacionales este miércoles.
Con respecto de la legisladora Paola Nájera, se comunicó que no pudo asistir por asuntos de traslado.
“Ya tenía en agenda compromisos previos, Comisión de Gobierno y Administración, Plenario y Comisión de Reforma Electoral, por lo que se le complicó trasladarse”, informó su asesor de prensa.
Con respecto a Ada Acuña, se comunicó que está atendiendo todas las gestiones y coordinación de un evento en homenaje al personal de Teatro Nacional.
Por su parte, de la congresista Luz Mary Alpízar se comunicó un aspecto de salud.
Al cierre de esta nota no se obtuvo información sobre Pilar Cisneros, Daniel Vargas, Jorge Rojas, María Marta Padilla y Alexánder Barrantes.
Chaves reprochó la ausencia de 55 diputados al evento. (Captura de pantalla)
Leyes más fuertes
En el acto, las autoridades defendieron las medidas adoptadas para enfrentar la inseguridad.
Entre ellas, los operativos llamados Costa Rica Segura Plus, que busca enfrentar el sicariato, y Soberanía, con la colocación de escáneres en el puerto de APM Terminals en Moín en una primera etapa.
En reiteradas ocasiones, autoridades de Seguridad Pública y el presidente cuestionaron las leyes que brindan más garantías a los delincuentes que a las víctimas por lo hicieron el llamado reiterado a la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial para tomar acciones.
Entre las novedades, las autoridades informaron sobre planes para reforzar la prevención y un plan a mediano plazo para dar un grado de licenciatura a los cuerpos policiales, con la intención de profesionalizar a los agentes.
