Paula Ruiz
Dejar atrás las buenas intenciones y dotar de recursos a todas aquellas instituciones encargadas de atender la seguridad de este país. Esa es, en síntesis, es la solicitud de Carlo Díaz, fiscal general, y Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Las declaraciones de ambos se dieron después del asesinato de un agente del OIJ, la noche de este miércoles en Tirrases de Curridabat.
El oficial y su compañero, quien resultó herido, realizaban una diligencia propia de su labor, cuando dos personas en motocicleta se acercaron al vehículo que se encontraba aparcado e iniciaron la descarga de balas contra la humanidad de los oficiales.
Este hecho ocurrió justo un día después de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocado por el Poder Ejecutivo al que asistieron jerarcas de Poder Judicial y diputados.
Díaz, criticó que se trató de una reunión de buenas intenciones, donde no se ofreció ni un colón más a ninguna de las policías encargadas de velar por la seguridad.
“Fue una reunión de buenas intenciones, no se propuso ni siquiera darle una bicicleta a Fuerza Pública y tampoco se le ofreció nada al Organismo de Investigación Judicial y mucho menos al Ministerio Público, evidentemente hacen falta recursos, pero las buenas voluntades no van a frenar esta lucha contra la delincuencia, tiene que haber inversión del Gobierno en patrullas y en seguridad”, advirtió el fiscal general.
Sobre el caso de patrullas, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, reveló que se requieren unas 600 unidades por un costo de $20 millones.
Por otra parte, el fiscal general, reconoció que todavía estamos a tiempo de parar esta situación.
“El control no lo hemos perdido, todavía estamos a tiempo pero sí le puedo decir que es necesaria la inversión”, respondió ante las consultas de la prensa.
En tanto, Zúñiga dirigió sus declaraciones hacia los diputados, quienes están encargados de la aprobación o no de proyectos de ley y en la actualidad, del análisis del Presupuesto Ordinario de la República para el 2024, incluido el del OIJ.
“Decirle a los señores diputados que hay que hacer un cambio ya, no es posible que por 30 monedas de plata este país se esté entregando y vendiendo a grupos criminales”, dijo el jerarca del Organismo de Investigación Judicial.
“Un cambio dentro de las autoridades que tienen poder de decisión porque si no las toman ellos, los delincuentes ya las están tomando por ellos”, advirtió.
Para el jerarca judicial, la lucha contra el sicariato y el narcotráfico es asimétrica dado que las policías no están teniendo los mismos recursos en comparación con los grupos criminales.
“Es como correr una maratón y nosotros, OIJ tenemos 40 kilos detrás de nosotros y tenemos que hacer esa carrera, para nosotros es frustrante”, expresó.
Esta es la segunda ocasión en el año en que agentes de esta entidad se ven involucrados en tiroteos. El primero de ellos sucedió el 24 de enero en Nicoya, cuando un agente resultó herido durante un operativo. Quien atacó al policía, era el objetivo por capturar, pero falleció en la escena.
Díaz advirtió que no se descarta que estos hechos sigan sucediendo, incluso con fiscales de la República.
Ambos jerarcas judiciales participaron en el encuentro del martes, pero no participaron en la conferencia de prensa realizada tras finalizar la reunión.
Al respecto, el ministro Zamora defendió que el encuentro del martes era para conocer la perspectiva sobre el fenómeno que enfrenta Costa Rica.
“No podemos poner acciones concretas cuando los actores deben en una mesa común, compartir sus prioridades, su visión de fenómeno”, dijo.
Con respecto del presupuesto para el OIJ, hasta agosto de 2023, tenían autorización por ¢107.610 millones, mientras que para el 2024 hay una disminución de ¢264,5 millones pues desde el Gobierno (mediante el Ministerio de Hacienda) se presupuestaron ¢107.346 millones.
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La declaratoria de emergencia
El martes pasado, durante la reunión, se le planteó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, utilizar fondos del Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD) para la compra de patrullas, mientras que diputados pidieron declarar emergencia nacional, según relató el fiscal general.
Sin embargo, Chaves descartó la posibilidad de una declaratoria de emergencia al indicar que se utilizarían recursos por parte del Fondo Nacional de Emergencias que tiene $700 millones. Dichos recursos, están previstos para la atención de emergencias por desastres naturales ya sucedidos, como la tormenta Bonnie.
El mandatario aclaró que una declaratoria de ese tipo no significa un estado de excepción y que lo único que facilita es el uso de recursos de ese fondo, por lo que descarta seguir esa ruta.
“El Estado tiene que entender sí o sí que es necesaria la inversión en seguridad, no es necesario que hayan más víctimas, hay que hacer un cambio ya”, fustigó Randall Zúñiga.
La apuesta del Gobierno está dirigida en la aprobación de cinco proyectos de ley presentados en abril durante la presentación del programa “Costa Rica Segura”. Sin embargo, las iniciativas tienen poco o nulo avance en la Asamblea Legislativa.
Ante este panorama, el fiscal general destacó que tanto el Ministerio Público como el OIJ, continuarán realizando su trabajo de forma profesional con los recursos que tienen disponibles.
“Los fiscales que tenemos son relativamente escasos, hay muchas bandas criminales identificadas y no podemos atender la totalidad porque no tenemos oficiales y cuando existan y el OIJ tenga los oficiales, nosotros tenemos que tener recursos también porque sino va a ser el cuello de botella”, visualizó Díaz.
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Carlo Díaz, fiscal general (izquierda en la imagen), participó en la reunión del martes y pidió pasar de las buenas intenciones a acciones, entre ellas, la dotación de más recursos. En la imagen, mientras saluda al presidente de la República, Rodrigo Chaves. Presidencia
¿Política de seguridad?
Así como todos lo visualizamos, las autoridades también tienen claro que el grado de violencia “es bastante alto”, confesó el fiscal general.
“Ya perdieron el miedo, cuando ya la persona está ultimada y se devuelven a destrozarlo con las armas pesadas, significa que no hay temor y que están actuando a la libre porque no existe la capacidad policial para vigilar”, reconoció Díaz, en alusión al caso sucedido el viernes pasado en Cartago frente a una escuela en Llanos de Santa Lucía.
Una de las críticas semanales de Rodrigo Chaves tiene que ver con la liberación de personas supuestamente peligrosas para la sociedad, debido a acciones realizadas por jueces.
Díaz, resaltó que las leyes se aplican y están dentro de un Estado de Derecho y lamentó que algunos tomadores de estas decisiones, no otorguen prisiones preventivas. Eso sí, fue claro con que el Ministerio Pública nunca ha solicitado la libertad de quienes están involucrados en grupos criminales.
Este miércoles, la prensa le consultó al fiscal general si el Gobierno tiene una política de seguridad.
“Eso pregúnteselo al señor ministro (de Seguridad)”, respondió.
En tanto, Mario Zamora, jerarca de Seguridad Pública, señaló que el interés del Gobierno está fijado en la aprobación de leyes. Una de ellas, que permita enjuiciar a los menores de edad involucrados en sicariato, como adultos.
El ministro dijo que no hay “respuestas instantáneas” a la ola de violencia que está viviendo el país y no las habrá ni en 24 ni 48 horas.
“Con el estado actual de las cosas, definitivamente el sistema de orden legal no está adecuado al fenómeno criminal”, puntualizó.
Mediante redes sociales, Casa Presidencial comunicó que el mandatario dará un mensaje sobre el tema de seguridad.
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