Paula Ruiz
Bernal Jiménez, financista de la campaña del entonces candidato Rodrigo Chaves y Federico Cruz, asesor de comunicación en la misma época, deberán presentarse en audiencia ante los diputados de la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos.
La decisión se tomó de manera unánime este lunes por la noche por parte de cinco diputados presentes. Al momento de la votación, no había ningún congresista del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Jiménez, quien es importador de arroz, fue uno de los mencionados en el audio filtrado el año anterior por el ahora Vicepresidente de la República, Stephan Brunner, quien explicaba el manejo financiero de la campaña.
El mensaje decía que Jiménez fue registrado como comprador de bonos de Progreso Social Democrático; sin embargo, su intención, siempre fue hacer donación.
“Desde el principio hice la donación cómo tal y así lo demuestran los documentos. Me solicitaron que comprara bonos en vez de donar y dije que definitivamente no quería bonos porque no deseaba hacer dinero con la actividad política”, dijo entonces.
“Si alguien quiere ver mi donación como una manera de implementar políticas a mi favor, como la del arroz, esta muy equivocado y está siendo tendencioso”, afirmó en ese momento.
Mientras tanto, Cruz es mano derecha del mandatario e incluso forma parte de un Consejo de Comunicación del Gobierno. Además, es presidente de la agrupación “Aquí Costa Rica Manda” de corte chavista.
Dinorah Barquero, presidenta de la Comisión Legislativa, señaló que deberán investigar si hay alguna hipótesis que los vincule a posibles acciones irregulares cometidas en ese periodo.
“Es parte de la investigación, ellos fueron parte de la campaña y es parte de lo que tiene que clarificarse”, dijo.
La moción fue aprobada este lunes. (Cortesía)
Mayoría de PPSD
Este lunes en la mañana también aprobaron una moción para ampliar por 90 días más el plazo de la comisión legislativa con tal de rendir un informe al Plenario Legislativo.
De los presentes, solo la oficialista Ada Acuña votó en contra.
Barquero explicó que se requiere este tiempo porque la última ampliación por el mismo periodo fue complicado debido a la dinámica de los últimos tres meses por las sesiones extraordinarias.
Asimismo, señaló que ese plazo es necesario porque hay mucho material y audiencias pendientes, principalmente del Partido Progreso.
“El informe es muy denso, hay mucha situación pendiente por muchos, por ejemplo la gente de Progreso Social, falta prácticamente todas las personas que habían sido planteadas por mociones a la comisión, faltan todos ellos y la comisión estuvo paralizada estos prácticamente 90 días”, indicó.
También queda pendiente la audiencia de unas cuatro personas de Nueva República. Barquero reconoció que cabe la posibilidad de que este tiempo adicional no sea suficiente y, deban optar por una nueva ampliación.
