Hermes Solano
La bancada del Partido Liberal Progresista, a través del diputado Gilberto Campos, presentó cinco mociones que buscan trasladar poco más de ¢38.000 millones de colones a seguridad en el presupuesto 2024.
Tomando en cuenta la crisis de seguridad que vive el país y el aumento de la criminalidad, tanto el Ministerio Público como el OIJ, así como el Ministerio de Seguridad y de Justicia, requieren más recursos.
Por ejemplo, la policía judicial solicitó 680 nuevas plazas y la fiscalía 292, con la intención de tener más recursos para enfrentar la problemática.
“Actualmente, la prioridad para nuestra nación es hacer frente a la creciente crisis de inseguridad, y es por esta razón que el PLP propone reasignar ¢38.343.788.000 colones del presupuesto de la República del 2024 para afrontar la creciente ola de violencia en territorio nacional”, declaró Campos, quien es miembro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
¿De dónde saldría el dinero?
El jefe de bancada liberal, Eli Feinzaig, explicó que el Gobierno está planteando pagar una membresía a la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $300 millones, pagando $60 millones al año y eso le permitirá al país adquirir más deuda.
“Consideramos que buscar nuevas opciones para endeudarse más no es el camino cuando todavía el nivel de endeudamiento supera el 60% del PIB, y menos aún en las circunstancias de inseguridad que vive el país, promediando 2.48 homicidios dolosos por día”, expresó Feinzaig.
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El Poder Judicial pidió más plazas para 2024.
La propuesta
A partir de ahí, la propuesta de la bancada para reasignarle recursos a seguridad es rebajar el Aporte de Capital a Empresas por parte del Gobierno por concepto de acciones de capital con la CAF.
Así se distribuirían los montos:
-Aumentar el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública en el Servicio de Seguridad Ciudadana y que se le asignen ¢17.544.864.386 para fortalecer las fuerzas policiales del país.
-Transferir recursos por un monto de ¢2.500 millones al Ministerio de Justicia y Paz, esto para fortalecer el Sistema Penitenciario Nacional en la Dirección General de Adaptación Social.
-Asignar a la Fiscalía el monto de ¢5.861.382.266 para crear 150 plazas (20 fiscales, 65 fiscales auxiliares y 65 técnicos judiciales).
-Otorgarle al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ¢4.451.483.818 para recursos operativos y ¢7.986.057.530 para plazas operativas para el Servicio de Investigación Judicial, para un total de ¢12.437.496.348.
“Estas mociones son el reflejo de una verdadera priorización de recursos, ajustados a la realidad del país, a la emergencia que vivimos y para la cual nos exigen actuar con contundencia”, consideró el diputado Campos.
Las enmiendas se verían en la Comisión de Hacendarios, quien está discutiendo el proyecto para el ejercicio económico del próximo año, que debe estar dictaminado a más tardar el 21 de octubre para su conocimiento en Plenario.
