Paula Ruiz
El Gobierno buscará que los diputados aprueben varios proyectos de ley entre febrero y abril, periodo en que el Congreso está en sesiones ordinarias.
Eso significa que la agenda legislativa se traza mediante acuerdos de las bancadas y deja de estar en manos del Poder Ejecutivo. Pese a esto, tendrán sus preferencias.
“Mantenemos nuestras prioridades, específicamente en jornadas excepcionales, manejo de la liquidez, reforma administrativa del Estado (MOPT, MINAE, MAG, Vivienda) y la reforma a la regla fiscal”, manifestó Natalia Díaz, ministra de la Presidencia.
Ambas iniciativas están un tanto entrabadas en la corriente legislativa y las dos, son analizadas en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
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Sobre el primero, este martes se acordó esperar la presentación de un texto sustitutivo liderado por el Gobierno.
“Llegamos a un acuerdo para que Cinde (la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones) nos haga llegar un texto como base en el texto sustitutivo más las observaciones para que las fracciones lo analicen”, señaló la jerarca de Presidencia.
Este plan se presentó en el cuatrienio 2018-2022 liderado por la exdiputada liberacionista Ana Lucía Delgado con el apoyo del sector empresarial.
Mientras que liquidez del Estado se vio frenado por la discusión de incluir o no a las universidades públicas.
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Estas últimas habrían enfatizado en que podría rozar la autonomía universitaria establecida en la Constitución Política, por el hecho de tener que devolver recursos a Caja única del Estado.
“De no avanzar con este acuerdo, si las universidades no están convencidas y debidamente aseguradas de que las observaciones que ellos tienen pueden ser aclaradas, creo que va a ser difícil avanzar”, consideró Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, con anterioridad.
Esta iniciativa también se presentó en el cuatrienio anterior por la legisladora Silvia Hernández de Liberación Nacional.
Otras prioridades
Asimismo, tienen interés en la aprobación de un empréstito por $700 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la reconstrucción de infraestructura educativa y vial.
“También impulsaremos la iniciativa de armonización del sector eléctrico, eliminación de tarifas mínimas de colegios profesionales y trabajador independiente, una vez contemos con la respuesta de la Sala Constitucional”, puntualizó Díaz.
Será hasta el 1 de mayo cuando el Gobierno retome el control de la agenda mediante sesiones extraordinarias.
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