Allan Arroyo
El gobierno de Daniel Ortega canceló la personería jurídica al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), con sede en Managua.
Así lo confirmaron medios de información independientes en Nicaragua.
Ante esto, las autoridades policiales tomaron control del recinto y los empleados del centro de estudios fueron informados de no asistir al trabajo este lunes.
La publicación oficial se hizo en el Diario La Gaceta y la dictadura argumenta “incumplimientos” de la entidad con el Ministerio de Gobernación. De esta forma, los bienes pasan a control del Estado nicaragüense.
Se informó que la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel aprobó la cancelación de la personería jurídica del INCAE argumentando incumplimiento a las leyes.
Adujeron que no había presentado los estados financieros correspondientes a los períodos 2020, 2021 y 2022 y además había encontrado inconsistencia en los estados financieros del 2015 al 2019.
El medio La Prensa informó que desde temprano de este lunes hay una fuerte presencia policial frente a la propiedad del INCAE en Managua que tiene una extensión de aproximadamente 40 hectáreas.
El campus Francisco de Sola fue la sede original del INCAE y se inauguró el 20 de junio de 1969. Se localiza en Montefresco, Nicaragua, a unos 30 minutos de la capital Managua.
El recinto no es solo un complejo académico, sino que cuenta con viviendas estudiantiles, sucursal bancaria, gimnasio, tienda de conveniencia, centros de estudio, áreas deportivas (football, tennis, área de piscina), entre otros, según dice la página oficial del INCAE.
Documento publicado en La Gaceta de Nicaragua que ordena toma de posesión del Incae. (Tomado de Twitter)
Como antecedente, Incae fue sede en 2018 del fallido diálogo entre Ortega y la oposición, en medio de las protestas que provocaron muertes y la salida masiva de opositores.
Por ahora, se está a la espera de una reacción de Incae, Costa Rica, que tiene la sede en La Garita de Alajuela.
Campus Francisco de Sola, Managua, Nicaragua (Foto Archivo/El Observador)
Práctica contra opositores
Retirar la personería jurídica de entidades que el gobierno orteguista considera opositoras es una táctica recurrente.
A finales de agosto, se aplicó la misma medida a la Compañía de Jesús. De este modo todos sus bienes pasen al Estado, una semana después de confiscarle una universidad por acusaciones de “terrorismo”.
En una nueva acción contra la Iglesia Católica, una resolución del ministerio de Gobernación (Interior) privó de personalidad jurídica a la orden jesuita, argumentando que estaba en “incumplimiento con sus obligaciones”.
La resolución dice que los jesuitas no reportaron sus estados financieros entre 2020 y 2022, ni los detalles de ingresos y egresos, además de que “tenían su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020”.
El gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene una conflictiva relación con la Iglesia católica y varios religiosos han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales.
En agosto también, la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) suspendió sus actividades luego de que un tribunal de Managua ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”.
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