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Gobierno desconvoca presupuesto extraordinario y lo dividirá para agilizar aprobación

El Gobierno decidió desconvocar el IV Presupuesto Extraordinario de la corriente legislativa. En su lugar, decidió dividir ese proyecto en…

Por Redacción El Observador

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Gobierno desconvoca presupuesto extraordinario y lo dividirá para agilizar aprobación
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El Gobierno decidió desconvocar el IV Presupuesto Extraordinario de la corriente legislativa.

En su lugar, decidió dividir ese proyecto en dos nuevos presupuestos extraordinarios, los cuales se presentarán la próxima semana al Congreso.

El primer presupuesto, por ¢46.958 millones, destinará los recursos al pago de cuotas obrero-patronales para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esto corresponde a la deuda del Ministerio de Educación Pública (MEP), producto del incentivo de zona de menor desarrollo (IDS) de los periodos 2003 al 2013 y del 2015 al 2016. De esta forma, se cumple con el convenio suscrito en marzo de este 2021, entre estas entidades y el Ministerio de Hacienda.

Al MEP también se le girarán recursos con el fin de utilizarlos en infraestructura educativa, detalló Elian Villegas, ministro de Hacienda, según un comunicado de prensa emitido por Casa Presidencial. Este presupuesto también incluye montos para otras instituciones.

OBSERVE MÁS: Diputados dudan en aprobar presupuesto extraordinario al alegar “falta de transparencia”

Presupuesto del Conavi

El segundo plan de gastos estaría compuesto por los dineros para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que se invertirán en infraestructura y se distribuirían, principalmente, entre el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

De esta forma, los diputados podrán analizar con detalle el documento, sin que se afecten los pagos urgentes a otras instituciones.

Recientemente, los legisladores han manifestado sus dudas con respecto al cuarto presupuesto extraordinario al alegar “falta de transparencia e información”.

En dicho plan se incluía una subpartida de ¢200 millones para la empresa Meco, cuestionada recientemente por el Caso Cochinilla, una de las investigaciones de corrupción más grandes del país.