Paula Ruiz
No tenemos una crisis generalizada de inseguridad ciudadana, es un problema concreto de homicidios ejecutados a través de sicarios, ese es el punto medular.
Eso fue lo que dijo Mario Zamora, ministro de Seguridad este miércoles en conferencia de prensa previo a la realización del Consejo de Gobierno, ante consultas de la prensa sobre la negativa para declarar emergencia nacional por la inseguridad.
Segundos antes, el presidente de la República Rodrigo Chaves aseguró en esta misma línea que “aquí hay una situación seria de guerra de bandas y si me dicen cómo esa guerra de bandas con ese instrumento de la declaratoria de emergencia que es puramente cosmético, es que aquí nos hablan tanta cosa sin sentido, sin saber, sin pensar o por causar escándalo”.
Hasta este miércoles 08 de noviembre, se reportan 780 homicidios en lo que va del año, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), siendo el ajuste de cuentas el principal móvil de los homicidios.
Al mes anterior, se tenían registradas unas 27 personas como víctimas colaterales, según Michael Soto, Subdirector General del OIJ. Justamente, el domingo por la noche se registró una balacera en Jacó donde hubo tres homicidios y según la policía judicial, uno de ellos ingresará a la categoría de víctima colateral.
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“Usted oyó malísimo”
Luego de brindar esa declaración, el ministro fue abordado por la prensa para ampliar sobre lo anteriormente expuesto y se le consultó si realmente pensaba que no había una crisis generalizada, tomando en cuenta el sentir de la población y la cantidad de víctimas colaterales.
Sin embargo, negó que él haya dicho lo expuesto en conferencia de prensa, pero posteriormente reiteró que no hay una crisis generalizada de inseguridad.
“Nadie ha dicho que es solo entre bandas criminales, usted lo oyó malísimo, lo que dijimos es que el núcleo central del problema criminal está centrado en temas de homicidio, sicariato y bandas criminales, eso no implica que lo demás no existe, lo demás es prioritario es importante, pero los datos de OIJ demuestran que delitos contra la propiedad hay una reducción en el 2023”, respondió.
“No tenemos de manera generalizada una crisis de inseguridad pública en donde todos los delitos estén creciendo, lo que tenemos es esencialmente un problema de homicidios. Si usted analiza el delito del homicidio es la causa del sicariato con arma de fuego el elemento central, lo que hicimos más bien fue una descripción estadística de donde están los puntos altos, sin que eso significa que lo demás deja de existir”, sumó Zamora.
Una encuesta dada a conocer este miércoles, destaca que las decisiones del Gobierno sobre la inseguridad ciudadana son las peores decisiones tomadas por Chaves.
La percepción de un mal manejo de la seguridad ciudadana está en la primera posición con un 20.6%, según el análisis realizado por el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
De hecho, esto se suma a que “un 85,4% cree que la seguridad ciudadana no mejorará y más bien empeorará en los próximos tres meses”, destacó el Centro.
Emergencia afecta la inversión
Sobre el tema inicial de la emergencia nacional, Chaves negó cualquier posibilidad de emitir una declaratoria en esta línea al asegurar que su funcionalidad se circunscribe a la utilización de recursos del Fondo de Emergencias y una aceleración en las licitaciones.
Sobre el Fondo, dijo que “no hay plata, de por sí” y sobre el segundo, destacó que una licitación no va a servir para la contratación de policías debido a que requieren entrenamiento por un periodo de nueve meses en la Academia Nacional de Policías.
Adicionalmente, consideró que esa decisión podría impactar negativamente el turismo y la inversión extranjera directa puesto que a 2nivel internacional, podrían surgir encabezados de prensa que afectarían a Costa Rica.
“¿Cómo la ve?, ¿Y qué ganamos? Nada, absolutamente nada, porque la declaratoria de emergencia implica solo dos cosas y me cansaré de decirlo (sic), el Fondo de Emergencias y las licitaciones, nada más es una ley que está diseñada cuando viene un huracán tipo Otto y que hay que reponer puentes y ponerle techos a las escuelas”, dijo Chaves.
“La emergencia está en que no tenemos leyes adecuadas ni un Poder Judicial que tenga los elementos para procesar, detener y aislar de la sociedad al tipo de criminales que estamos viendo y eso requeriría levantar las garantías constitucionales para detener gente por la policía administrativa, sin orden judicial, mantenerlos detenidos sin procesos”, agregó.
Según él, esto solo sería “dispararnos en el pie” como país y afectarlo, dado que nadie estaría interesado en tan siquiera, montar una fábrica en una Costa Rica con declaratoria de emergencia por seguridad.
Sobre la cantidad de policías, comparó que en Panamá hay 36.000 frente a 11.500 en territorio costarricense, sin embargo apuntó a aspectos de índole fiscal que impiden triplicar la cantidad de uniformados en el país para las respectivas labores de seguridad y vigilancia.
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