Paula Ruiz
Con la votación de 44 diputados, incluidos los oficialistas, la Asamblea Legislativa hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que se declare Estado de Emergencia por la situación de violencia e inseguridad que enfrente Costa Rica.
Sin embargo, Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), consideró que si bien puede utilizarse esta figura, eso no les daría los recursos urgentes que requieren para tener más policías y equipo para atender esta situación.
“Una declaratoria de Emergencia lo que va a generar es agilidad en compras y procesos más rápidos, ¿Eso es lo que queremos ahorita, ¿O queremos algo de verdad que venga a impactar directamente contra la criminalidad? Yo tengo mis reservas, pueden utilizar si quieren el recurso de la declaratoria Emergencia, sin embargo eso no nos va a generar un solo cinco más en cuanto a posibilidades de tener más recurso y personal que es lo que ocupa la policía en la actualidad”, puntualizó.
El llamado de los diputados es tomar las medidas dentro del marco democrático del país y que la declaratoria se centraría en el manejo de los recursos, facilitando su repartición y pudiendo pedir ayudas.
“Señor Presidente de la República, escúchenos. Señor Presidente de la República, responda el clamor del pueblo costarricense”, declaró Gloria Navas, diputada de Nueva República durante esta tarde.
Desde el martes, el mandatario Rodrigo Chaves descartó la posibilidad de esta declaratoria, dado que implicaría la utilización de recursos del Fondo Nacional de Emergencia que cuenta con $700 millones.
Detalló que esos recursos ya están destinados a atender otras emergencias por desastres naturales, como por ejemplo los provocados por la tormenta Bonnie.
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Eran campanas
Con respecto de los sospechosos, uno de 17 años y otro de 21 quien conducía la motocicleta, Zúñiga detalló que se tratan de personas de la zona.
“En apariencia, trabajan bajo mandato de alguien más que es el que funge como cabecilla dentro de la organización y tienen roles específicos de campana que son los que visualizan quiénes están ahí”, detalló.
Por campanas, amplió que se trata de quienes se encargan de ver quiénes están en la zona y sospechan que como no tenían control sobre el vehículo aparcado, actuaron contra la humanidad de los agentes.
“Lo que intentan es hacer control absoluto del lugar y cuando ven algo extraño o fuera de lo normal lo que hacen es hacer este tipo de acciones en contra de las personas”, manifestó el jerarca policial.
Para él, es prematuro decir que el ataque se dio contra los agentes por su rol de agentes de OIJ, pero tampoco lo descartan. De hecho, todo es parte de la investigación.
Lo que sí tienen claro, es que forman parte de una organización criminal y requieren corroborar por qué pasan de ese rol de campanas al de accionamiento de armas.
El problema está en las posibilidades reales de actuar rápido ya que por ejemplo, se decomisó el celular a uno de los sospechosos, pero podría tardar hasta un año en abrirlo debido a la cantidad de celulares pendientes para su respectivo proceder, según dijo el jerarca judicial.
“Sí les vamos a llegar a estos grupos criminales, pero el cuando es la pregunta del millón”, advirtió.
Durante el ataque de este miércoles por la noche sucedido en Tirrases de Curridabat, falleció el agente Jeiner Gómez Guzmán, quien tenía 9 años de laborar en el OIJ y 3 años de estar en la Oficina Central Nacional Interpol del OIJ.
Él falleció producto de un disparo que le perforó una arteria, detalló Zúñiga, al ser consultado si los policías portaban chalecos antibalas.
Gómez se ofreció a realizar ese trabajo porque no le correspondía y por tanto, en la oficina solicitaron a una persona que cubriera ese espacio.
El otro oficial es de apellidos Bustos Castro quien resultó herido. Él fue intervenido quirúrgicamente porque una de las balas se alojó en la cabeza.
Su evolución es satisfactoria y con base en el parte médico de este jueves, está orientado, consciente y en apariencia, no hubo afectación en sus partes vitales.
El homicidio del agente de OIJ sucedió la noche de este miércoles. Él se ofreció a realizar el trabajo porque no le correspondía.
Zonas fallidas
Para el jerarca policial, si no hacemos un cambio pronto y de manera urgente, estaremos hablando de zonas fallidas en Costa Rica.
“Costa Rica no va a ser un estado fallido, eso lo tengo claro, pero van a existir zonas fallidas en el país, son zonas donde la policía no va a poder ingresar, no se van a poder hacer o ejecutar las labores básicas de cualquier estado costarricense que es seguridad, control estatal y recolección de impuestos porque quienes lo van a hacer son los grupos criminales que van a dominar esas estructuras y lugares, esto es lo que más me preocupa”, advirtió.
A su criterio, esto es como atacar un cáncer que si se atiende en fases iniciales, hay posibilidad de éxito y sobrevivencia, contrario a atacarlo cuando está en fase 4, cuando ya hay un compromiso más amplio para la salud.
Zúñiga tiene la esperanza de que surja una “figura de liderazgo fuerte que vea la importancia de la inversión en seguridad”.
“Yo veo que se están alargando las decisiones y no veo una reacción rápida directa en cuanto a generar más recursos a los cuerpos policiales es complicado, complejo”, dijo en declaraciones a la prensa, después de que Chaves defendiera a eso del medio día, que giraron ¢24.000 millones más para el 2024 al Ministerio de Seguridad Pública y cerró posibilidades de ampliar recursos para otras policías.
El director de OIJ, reconoció que el martes le solicitó a Chaves más dinero, pero no se logró concretar dado que la respuesta recibida es que tienen que revisar porque para darles a ellos, le tienen que quitar recursos a otra institución.
Mientras se da la discusión por más recursos y responsabilidades entre los poderes de la República, los asesinatos seguirán, así como el cobro de peajes a personas para salir de su casa al trabajo o la extorsión a tiendas o negocios por parte de grupos criminales, concluyó Zúñiga.
