Paula Ruiz
El Gobierno planeó ejecutar un préstamo por $700 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para infraestructura pública durante la época seca o “verano” del 2023.
Sin embargo, todavía no envía el crédito a la Asamblea Legislativa y, como cualquier endeudamiento, requiere del visto bueno de los diputados.
“El Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para la aprobación urgente de este crédito con el objetivo de aprovechar las condiciones del verano, que son las mejores para los trabajos de infraestructura”, comunicó el Gobierno el 9 de noviembre pasado.
Desde el 19 de octubre, el presidente de la República Rodrigo Chaves informó que trabajaría en un plan para hacer una lista sobre la infraestructura en condición de riesgo inminente y que se vieron aún más impactados por las lluvias y fenómenos naturales de 2022.
“No podemos permitir que el próximo año nos ponga en las mismas condiciones durante la época lluviosa y nos cause más daños a la infraestructura y la vida humana”, declaró Chaves en noviembre.
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé que el fenómeno de La Niña hasta marzo de 2023 lo cual provoca una disminución de lluvias. Luego de esto, se iniciaría con el periodo de transición a la época lluviosa.
Natalia Díaz, ministra de la Presidencia reconoció que esto no podría realizarse en verano debido al “atraso” del propio Gobierno.
Según Díaz, ese atraso es por procesos y trámites que deben realizarse que “toman su tiempo”.
“Estamos en la aprobación del tema del Banco Central, temas relacionados con la Comisión de Emergencias, todo el tema de crédito público de Hacienda, revisando detalles”, especificó.
El objetivo se mantiene para presentar el documento a la corriente legislativa en dos semanas, es decir en marzo.
“Ha sido un atraso pero, es parte del proceso porque queríamos presentarlo en enero, obviamente los trámites también toman su tiempo entonces, estamos a la espera de esto que le estoy mencionando y finalizar la redacción del proyecto de ley como tal”, declaró Díaz.
El plan
El objetivo del Gobierno es utilizar los recursos para la construcción de infraestructura vial, educativa y vivienda.
En total, son 150 carreteras, 82 puentes, 38 centros educativos, 72 vías ferroviarias y 2.152 viviendas en condición de riesgo.
Además, habrá un impacto sobre el alcantarillado, sistema de aguas y obras de mitigación en ríos.
Al mando de estas construcciones estarían el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) e Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Con este préstamo, se le otorga a Costa Rica un plazo de 30 años para cancelarlo a una tasa de 4%.
Este crédito fue aprobado por el BCIE a mediados de diciembre de 2022.
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