Paula Ruiz
El Gobierno planteó la reducción de la tasa de homicidios a 9,5% por cada 100.000 habitantes en el año 2030, cifra que sería la mitad de lo proyectado para este año, de 18%.
Así se destaca en la Política Nacional de Seguridad Pública 2023-2030 presentada este miércoles en la Academia Nacional de Policías ubicada en Pococí.
Para lograrlo, plantean una reforma al modelo de gestión de la Policía de Control de Drogas (PCD), integrar a los cuerpos policiales especializados y diseñar una estrategia de intervención de lucha contra el fenómeno criminal.
También apuntan al desarrollo de operaciones conjuntas en contra del financiamiento ilegal del crimen
organizado, ejecutar operaciones combinadas desde el trabajo interpolicial y desarrollar una plataforma de coordinación y desarrollo de política criminal, con el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
Sin embargo, no se especifica el cómo, ni de dónde saldrán los recursos, así como a quién dentro del Poder Ejecutivo le correspondería liderar esas acciones.
Con dichas acciones podrían llegarse a unos 400-450 homicidios dentro de siete años, cifra que cerraría el 2023 con 900 o más, dado que hasta este miércoles 22 de noviembre se registraron 817 asesinatos en lo que va del año.
Durante la presentación, Mario Zamora, ministro de Seguridad, equiparó el problema de homicidios con un cáncer y que a su criterio, la cantidad de muertes por esta causa registrados hasta la fecha, reflejan el estado de la enfermedad en que se encuentra.
“Cuando un paciente llega y se presenta donde un oncólogo y le indica el desarrollo de la enfermedad, probablemente con 817 homicidios ese médico no solo va a relacionarse con lo que no se ha hecho sino que va a indicar que estamos en un momento histórico para parar la enfermedad”, destacó.
En caso de no tener el tratamiento oportuno e inmediato, hará metástasis, según comparó.
Zamora planteó como acciones inmediatas para paliar la ola de homicidios en lo que resta del año, así como durante esta administración, operaciones para identificar sicarios y bandas criminales, retenes dinámicos, identificación de casas de narcotraficantes y registro de búnkeres y puntos de venta de droga en cada una de las 492 jurisdicciones distritales c
Solo expuso que el problema se corregirá conforme a la velocidad “con que hagamos el tratamiento. Depende del compromiso de todos nosotros para cumplir desde nuestras áreas de responsabilidad lo que tenemos que hacer en materia de seguridad pública”.
Reconoció que para atacar esta problemática se requieren acciones conjuntas entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
A los diputados, les solicitó una modernización del marco legal que requieren los policías para hacer la lucha tanto contra el crimen organizado y sicariato, así como contra el hampa.
Profesionalizar a los policías
Otra de las propuestas del Ejecutivo es modernizar a la policía para lo cual se busca la construcción de delegaciones policiales en un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Además, se pretende que los uniformados obtengan un título de licenciatura en Ciencias Policiales para lo cual se trabaja con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) para lograrlo.
"Para alcanzar de una manera progresiva dicha profesionalización, la institución debe comprometerse a establecer las condiciones idóneas y necesarias para el desarrollo de las competencias y habilidades de los miembros de todos los cuerpos policiales, haciéndoles ver sus beneficios y el potencial que pueden lograr en el futuro, ofreciéndoles mallas curriculares actualizadas en distintas áreas de formación, para que los potenciales nuevos profesionales en el campo policial, cumplan con las expectativas de servicio que la ciudadanía espera", se indica en el documento compartido por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Legislación endeble y garantista
Tanto el ministro como viceministros de Seguridad así como el presidente de la República, Rodrigo Chaves criticaron que se debe de apuntar a reformas a leyes de manera urgente para atacar esta problemática.
En varias ocasiones, utilizaron el término de legislación "endeble" y "garantista" en beneficio de los criminales y no así, de las víctimas.
"Quien mata con alevosía, una y otra y otra vez, ¿Qué le estamos protegiendo? Costa Rica no puede ni debe continuar con sentencias débiles con la esperanza de recuperar a quien ya perdimos en nuestra sociedad, ese sesgo garantista tiene que irse", dijo Chaves.
Incluso, criticó que durante el gobierno de José María Figueres Olsen se reformó el Código Procesal Penal que brindó mayores garantías a los delincuentes "sobre los derechos de los costarricenses de bien, sobre la paz nacional".
Por otra parte, aunque no se expuso en la presentación, en el documento se indica que para el 2030 se tiene como meta que un 55% de la ciudadanía perciba el país como seguro.
Se proponen reducir los asaltos en vía pública de 9.050 cometidos en 2022 a 4.525 dentro de siete años y reducir de 14.6% a menos de 7.3% la población carcelaria.
La presentación del Plan se vio opacado por el anuncio de Chaves sobre la desconvocatoria de proyectos de ley relacionados con seguridad que ha impulsado el Ejecutivo.
En contraparte, achacó la responsabilidad en esta materia a los diputados a quienes les advirtió que convocará las 26 iniciativas que ellos mismos solicitaron.
Esto provocó fuertes críticas desde la Asamblea Legislativa desde donde advirtieron que el jefe de Estado tiró la toalla y no se "comió la bronca".
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