Hermes Solano
La escogencia de Dekra, por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como empresa encargada de la revisión técnico vehicular en uso de precario estuvo marcada por el ofrecimiento de una reinspección sin costo.
Sin embargo, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) le había dicho al Gobierno, a través del hoy exministro Luis Amador, que no se podía hacer tal ofrecimiento.
Así lo confirmó Edward Araya, Intendente de Transportes de Aresep, el lunes en la Comisión de Infraestructura, órgano que investiga el contrato ofrecido a Dekra, a pesar de que la empresa sueca Opus Group fue la mejor calificada.
“Yo tuve varias reuniones con el exministro Amador. Él llegó a solicitarme algunas asesorías a mi oficina y yo le expliqué claramente que la competencia tarifaria era de Aresep”, señaló Araya ante las consultas de la diputada Carolina Delgado.
El intendente asegura que le dijo a Amador “que él podía hacer la solicitud de acuerdo con los términos que teníamos para que la hiciera como jerarca. Él tenía muy claro que era un servicio al costo. Yo se lo dije varias veces”, añadió.
Para la diputada verdiblanca, presidenta de la Comisión de Infraestructura, lo hecho desde el Gobierno fue totalmente ilegal y de esa forma eligieron a Dekra.
“La decisión de otorgar el permiso en precario a la empresa Dekra, con una tarifa de reinspección de cero, es un movimiento claramente ilegal, y se nos confirma que el exministro estaba consciente de ello”, indicó la legisladora.
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Aresep señaló que Amador sabía que no podían ofrecer tarifa cero en reinspección.
No en servicios
El regulador general de Aresep, Erick Bogantes, quien también estuvo en la comparecencia del lunes, fue enfático en que la reinspección no puede ser gratuita, ya que la revisión técnica vehicular es un servicio público regulado que se ofrece al costo.
“Existen algunas condiciones de la Ley General de Administración Pública donde se puede otorgar algún contrato del Estado a título gratuito, pero no podría calificarse o llevar una tarifa aprobada por Aresep”, señaló a los legisladores.
“Existen algunas figuras jurídicas donde una persona privada podría hacerle una donación al Estado, pero no en tarifas de servicios públicos”, siguió en su respuesta.
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