Hermes Solano
Tras varios meses de análisis en la Comisión de Seguridad, varios cambios al texto original y la urgencia por encontrar soluciones a este tema, la Asamblea Legislativa votó por fin, en primer debate, el proyecto que sanciona el delito de préstamo “gota a gota”.
Se trata del expediente 23.575, presentado por la diputada de Nueva República, Gloria Navas y que genera penas de cárcel a aquellas personas que, al cobrar un crédito utilizan la extorsión como medida de presión.
Esto debido a que cada semana cobran intereses altos sobre el capital que la mayoría de las veces las personas no pueden pagar.
Lo que hace esta reforma es adicionar el artículo 214 bis al Código Penal denominado “Extorsión cobratoria”.
La iniciativa tuvo el voto unánime de los 40 diputados presentes en el Plenario al momento de darle primer debate.
El proyecto busca sancionar con penas de cuatro a ocho años de cárcel a “quien haga uso de amenazas e intimidación de forma personal, a través de terceras personas y por cualquier medio de comunicación, con el fin de obligar u obligue a un deudor o sus familiares al pago de la deuda o de la obligación crediticia que le haya sido otorgada”.
Esa pena aumentará de cinco a diez años de prisión cuando se den las siguientes agravantes:
- -La amenaza o intimidación se dirija a una persona menor de edad, adulta mayor o con alguna situación o condición de vulnerabilidad
- -Si el hecho lo cometen dos o más personas
- -Si agredieren física o psicológicamente a la víctima
- -Si el hecho es cometido con armas o mediare daños a la propiedad.
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Gloria Navas.
Hasta 15 años
Si los hechos califican como delincuencia organizada; es decir, que haya un grupo dedicado no solo a otorgar los préstamos, sino a extorsionar a los deudores, con amenazas y demás, la pena de cárcel por la extorsión cobratoria aumenta entre los ocho a los 15 años.
La diputada Navas explicó el proceso llevado hasta este momento y resaltó la importancia de generar medidas para proteger a la población.
“Es sumamente importante que apoyemos este proyecto, ha sido un clamor ciudadano y es una lucha fuerte contra el abuso de este tipo de conductas”, dijo la legisladora.
“El crimen de este préstamo llamado gota a gota surge como un fenómeno hace dos décadas y ha tomado mucha fuerza en Latinoamérica”, añadió, señalando que la mayoría de esta dinámica se da con dinero que proviene del narcotráfico y que necesita convertirse en legal.
“Los criminales encontraron las vías con las personas que no son sujetas de crédito para “lavar” sus ganancias ilícitas. El OIJ indica que en los últimos años han aumentado las denuncias por extorsión, donde existen amenazas, lesiones graves y hasta muerte”, manifestó Navas.
También el diputado del PLN, Gilberth Jiménez, resaltó la importancia del proyecto para evitar que la gente más necesitada caiga en las manos de los prestamistas ilegales.
“Ante este tipo de actos ilícitos que vive el país y las personas se aprovechan de la calamidad que sufren muchos para atender la salud, pagar alquileres y dar sustento alimentario a sus hijos, por lo que recurren a este tipo de préstamos, donde sufren y tienen que esconderse”, dijo el del PLN.
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Daniela Rojas del PUSC.
Revisar el tema
La socialcristiana Daniela Rojas mencionó de la existencia de otro proyecto similar, que se tramita en la Comisión de Gobierno y Administración, donde incluirán también el delito de cobro de peajes para ingresar a lugares.
Rojas quiso poner especial atención al hecho de que hay una gran parte de la población que no puede acceder al crédito en el sistema bancario nacional y seguirán buscando otras formas para obtener recursos.
“Insistir en un tema que he dicho en otras ocasiones y es que podemos seguir castigando los préstamos gota a gota, aumentar las sanciones, pero no vamos a evitar o combatir completamente hasta que las personas dejen de tener esa necesidad de crédito y tengan las puertas abiertas en el crédito formal”, indicó la socialcristiana.
“Mientras no tengan acceso al crédito en la formalidad seguirán cayendo en estos prestamistas usureros”, añadió.
Por eso la diputada considera que en la Asamblea se debe trabajar en encontrar soluciones para que esas poblaciones no caigan en esas manos.
“Debemos trabajar en pro de más herramientas que den acceso al crédito, a las poblaciones más vulnerables, que no son sujeto de crédito en el sistema bancario nacional”, finalizó.
El segundo debate de este expediente, para que ya se confirme como ley de la República se llevará a cabo después del receso de Semana Santa. La votación está programada para el martes 2 de abril.
