Hermes Solano
La Asamblea Legislativa aprobó este martes, en segundo debate, el expediente 23.575. Se trata del proyecto que sanciona el delito de extorsión en los créditos llamados “gota a gota” y que tomaron auge en los últimos años en Costa Rica.
El proyecto se aprobó de manera unánime con el voto de los 48 diputados presentes en el Plenario al momento de la votación. Previo a Semana Santa se había dado luz verde en primer debate.
Lo que hace esta reforma es adicionar el artículo 214 bis al Código Penal denominado “Extorsión cobratoria”.
La propuesta busca sancionar con penas de cuatro a ocho años de cárcel a “quien haga uso de amenazas e intimidación de forma personal, a través de terceras personas y por cualquier medio de comunicación, con el fin de obligar u obligue a un deudor o sus familiares al pago de la deuda o de la obligación crediticia que le haya sido otorgada”.
Esa pena aumentará de cinco a diez años de prisión cuando se den las siguientes agravantes:
- -La amenaza o intimidación se dirija a una persona menor de edad, adulta mayor o con alguna situación o condición de vulnerabilidad
- -Si el hecho lo cometen dos o más personas
- -Si agredieren física o psicológicamente a la víctima
- -Si el hecho es cometido con armas o mediare daños a la propiedad.
Esta iniciativa es parte de la lista de proyectos en materia de seguridad que se incluyeron como prioridad luego del trabajo de las autoridades de los tres poderes de la República.
“Este proyecto nos lleva a concluir que la lucha contra la criminalidad la vamos a ganar si trabajamos juntos”, dijo Monserrat Ruiz, del PLN.
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Gloria Navas, la proponente del proyecto.
Hasta 15 años
Si los hechos califican como delincuencia organizada; es decir, que haya un grupo dedicado no solo a otorgar los préstamos, sino a extorsionar a los deudores, con amenazas y demás, la pena de cárcel por la extorsión cobratoria aumenta entre los ocho a los 15 años.
La diputada Gloria Navas, proponente de la iniciativa, resaltó la importancia de generar medidas para proteger a la población.
“Es sumamente importante que apoyemos este proyecto, ha sido un clamor ciudadano y es una lucha fuerte contra el abuso de este tipo de conductas”, dijo la legisladora.
“El crimen de este préstamo llamado gota a gota surge como un fenómeno hace dos décadas y ha tomado mucha fuerza en Latinoamérica”, añadió, señalando que la mayoría de esta dinámica se da con dinero que proviene del narcotráfico y que necesita convertirse en legal.
“Los criminales encontraron las vías con las personas que no son sujetas de crédito para “lavar” sus ganancias ilícitas. El OIJ indica que en los últimos años han aumentado las denuncias por extorsión, donde existen amenazas, lesiones graves y hasta muerte”, manifestó Navas.
También el diputado del PLN, Gilberth Jiménez, resaltó la importancia del proyecto para evitar que la gente más necesitada caiga en las manos de los prestamistas ilegales.
“Ante este tipo de actos ilícitos que vive el país y las personas se aprovechan de la calamidad que sufren muchos para atender la salud, pagar alquileres y dar sustento alimentario a sus hijos, por lo que recurren a este tipo de préstamos, donde sufren y tienen que esconderse”, dijo el del PLN.
El proyecto pasa al Poder Ejecutivo para la firma del mandatario y que comience a ejecutarse.
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