Gustavo Martinez
El alcalde de San José, Johnny Araya, aseguró que se defenderá ante el Tribunal de Ética del partido Liberación Nacional (PLN), por los hechos que define como “persecución política” tras a la suspensión de la Contraloría General de la República/
Esta medida del ente contralor se dio por una supuesta contratación irregular del alcalde, ante una decisión respaldada por un órgano técnico del municipio.
Dicha audiencia se realizará ante la solicitud del secretario general del PLN, Miguel Guillén.
Así lo confirmo Araya en la consulta realizada por El Observador.
“Más allá de lo que he informado, quiero referirme al Tribunal de Ética del partido y estoy seguro de que podré demostrar de que yo no tengo ninguna responsabilidad, de que no hubo daño a la Hacienda pública, no se trata de un acto de corrupción o de malversación de fondos”.
“La Contraloría está haciendo una suspensión por un error de carácter administrativo y, que repito, no es un error de parte mía. Si hay un error es de dos órganos especializados de la municipalidad y no mío”, declaró en consulta de este medio.
Araya percibe esta audiencia como una oportunidad para defenderse.
“Esto es una gran oportunidad que podré tener en una audiencia ante el Tribunal de Ética. De manera que, la acepto con beneplácito. No resulta nada incómodo para mí poder ir a dar esas declaraciones”, añadió.
Suspensión
La Contraloría ordenó, el pasado 3 de enero, la suspensión del alcalde por 20 días y sin goce de salario, por la contratación de un bufete para dar asesoría jurídica al municipio josefino.
La suspensión versa sobre la contratación por excepción que el alcalde autorizó para la empresa DBS Asesores Jurídicos y que tuvo un costo de ¢22.5 millones.
Este acuerdo se hizo de manera directa, sin la aplicación de un concurso público ni un estudio que justificara el costo.
Se pretendía que el bufete proporcionara asesoría a los abogados del municipio en temas de la Convención Colectiva de Trabajo y la Ley de Empleo Público.
Por su parte, la Contraloría alegó la inexistencia de un proceso de análisis que respaldara dicha contratación.
“El investigado Araya Monge autorizó una contratación por excepción, sin verificar y constatar, de manera previa, que se cumplieran con los requisitos que la normativa legal y reglamentaria”, señaló el ente.
Esta es la tercera suspensión de líder municipal en dos años.
Persecución
Araya argumentó que la decisión se respaldó por un órgano técnico de la Municipalidad de San José y acusó al ente contralor de realizar una “persecución política” en su contra.
“Yo me he sentido perseguido por la Contraloría. No es posible que la Contraloría me sancione por un hecho que no corresponde y que fue una decisión respaldada por un órgano técnico de la municipalidad”.
“No es posible que la Contraloría General de la República llegue a sancionar y suspender a un funcionario popularmente electo. Aquí no hay ninguna sentencia judicial en mi contra. Son labores que no le corresponden a la Contraloría”, enfatizó Arraya.
Ante lo sucedido, el líder municipal presentó un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el fin de apelar la resolución y la actual suspensión.
Además, solicitó una medida cautelar para dejar sin efecto el fallo del ente contralor.
De igual manera, sin importar el resultado del recurso de amparo, llevará el caso de su suspensión ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Este medio contactó al secretario general del PLN, Miguel Guillén, vía telefónica y por mensaje de texto; sin embargo, no hubo respuesta por parte del representante partidario.
