Tomás Gómez
El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la medida cautelar con que José Luis Loría pedía que se le reincorporara a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Loría representaba a las cooperativas en la Directiva, pero forma parte del grupo que el Consejo de Gobierno separó por la aprobación de un aumento salarial en la institución.
Ante ello, el hombre escaló el caso a la vía judicial, reclamando que a su criterio el acuerdo del Poder Ejecutivo tiene que anularse. Esto a la luz de la autonomía de la CCSS y como se toman las decisiones.
Además, en ese marco se pidió la medida cautelar.
En su análisis, el juez José Ariel Solano, terminó por rechazar la petición. La decisión se sostiene en elementos como:
- No se puede determinar por el momento qué tan fuerte es el daño moral que podría terminar teniendo la persona reclamante
- El interés público asociado a las finanzas de la CCSS prevalece sobre la afectación que podría tener el directivo suspendido
En conversación con El Observador, Loría explicó que medida pretendía “restablecer el orden y reintegrar a los miembros de la Junta Directiva suspendidos”.
Sobre la resolución, la interpretan como una consideración del juez, que no llegó a ver como “urgentísima” la solicitud.
En adelante, esperarán a ver como avanza la acción en el Tribunal Contencioso Administrativo.
“Este es un proceso que era esperable, estamos confiados que tenemos la razón. Ya apelamos al Tribunal, que es lo que corresponde en este momento”, apuntó. “Se hizo la gestión, se realizó y estaremos a la espera de lo que el Tribunal resuelva”, sumó.
El caso del aumento en la CCSS
En setiembre anterior trascendió que la CCSS aprobó la aplicación de un aumento salarial cercano a los 7.500.
De inmediato el Gobierno reacción al mismo alegando que podrían afectarse las finanzas institucionales.
Por ese hecho fue destituido Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la institución. No obstante el caso no paró ahí y luego se abrió un proceso el Consejo de Gobierno.
Por un lado, se suspendió a los directivos que aprobaron la medida y que seguían el cargo:
- Jorge Hernández Castañeda, representante de los patronos
- Carlos Salazar Vargas, delegado del Gobierno
- Martha Rodríguez González, del sector sindical
- José Luis Loría Chaves, representante de las cooperativas
- Maritza Jiménez Aguilar, agente del solidarismo
Por otro, se envió el tema a Fiscalía. Ahí se pedía no solo investigar a los 5 directivos suspendidos sino también a Ramos.
COLABORÓ LA PERIODISTA MARIANA MENA
