Hermes Solano
El juicio de reenvío para determinar si el Partido Acción Ciudadana (PAC) debe pagar por daño al Estado en 81 contratos presentados. Esto tras la elección de 2010 para el cobro de deuda política comenzó este jueves en el I Circuito Judicial de San José.
Aunque estaba pactado realizarlo desde este 1 y hasta el 30 de julio, el Tribunal tomó la decisión de no admitir prueba nueva en el caso, que incluía la presentación de testigos.
Luego de escuchar a las partes involucradas (la Procuraduría General de la República representada por el procurador penal Rándall Aguirre, y al PAC, representado por el abogado Erick Gatgens) los jueces tomaron la decisión.
“El juicio de reenvío no es para el recibo de ninguna prueba, sino para el análisis de la prueba que fue aceptada, incorporada y evacuada dentro de este contradictorio”, señaló la jueza Nancy Marín, quien preside el Tribunal.
A ella la acompañan los jueces Paul Fuentes y Pedro Ramírez.
Ante esta decisión, ahora las partes deberán presentar sus conclusiones y luego se vendrá el análisis de la prueba y la resolución final.
Las conclusiones se realizarán el miércoles 7 y el jueves 8 de julio. La Procuraduría espera que haya una sentencia el lunes 12 o el martes 13 de julio.
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El primer día
El juicio arrancó con la argumentación del Procurador Penal, quien pidió que se omitiera la recepción de prueba y de testigos, argumentando que en la sentencia de 2016, donde se condenó al PAC por 179 contratos, se evidenció el mismo modo de operar para los 81 que ahora se juzgan
“Hay suficientes elementos probatorios para sostener que hay un daño económico al Estado en esos 81 contratos”, dijo Aguirre.
Además, consideró la dificultad de que se presentaran todos los testigos, incluso mencionó que hay 5 personas que ya fallecieron.
“Muchos de estos testigos son adultos mayores, viven lejos y va a costar que puedan desplazarse por el tema del covid-19”, dijo.
Por su parte, la defensa de la agrupación política en manos del abogado Gatgens si consideró pertinente que se presentaran las personas a declarar.
“Si se procede de la misma manera de no escucharlos (aduciendo que así sucedió durante el primer juicio), se estaría incurriendo en el mismo vicio. Que insumos va a tener el Tribunal si son o no simulados si no escucha la prueba testimonial”, dijo el abogado.
Tras más de una hora de deliberación, el Tribunal tomó su decisión.
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₡160 millones
La Procuraduría General de la República estaría pidiendo una condena civil contra el PAC de ₡160 millones por esos 81 contratos. A eso se le sumarían los intereses desde que se generó la afectación, en 2010, y las costas procesales.
En total serían ₡240 millones que se añadirían a la sentencia de casi ₡353 millones impuesta en 2016 al partido por los 179 contratos falsos.
Ese monto también está generando intereses, así como el monto de las costas procesales, lo que alcanzaría un total a pagar por parte del PAC de ₡800 millones de colones por estafar al Estado costarricense.
Este caso se remonta al año 2010 cuando el Tribunal Supremo de Elecciones detectó inconsistencias en el pago de facturas que el PAC cobró como deuda política en las elecciones de ese año.
El Tribunal de juicio determinó que hubo estafa en 179 contratos de personas que testificaron haber trabajado en la campaña de gratis. Hubo dos personas sentenciadas penalmente: el extesorero Maynor Sterling y otro hombre de apellidos Bolaños Murillo.
