Hermes Solano
Este 1 de julio en el I Circuito Judicial de San José comenzará el juicio de reenvío civil en contra del Partido Acción Ciudadana para definir el monto que deben pagar por estafar al Estado.
La Procuraduría General de la República espera demostrar el daño patrimonial al Estado por los contratos falsos que presentó el partido para cobrar la deuda política de las elecciones de 2010.
Según el Procurador Penal Rándall Aguirre, los 81 contratos que no se incluyeron en la condena inicial de 2016 podrían generar un monto que asciende a los ¢160 millones, a lo que habría que sumarle los intereses y las costas.
En total, el Partido Acción Ciudadana (PAC), en caso de que el Tribunal le dé la razón a la Procuraduría, tendría que pagar alrededor de 800 millones, incluyendo intereses y costos procesales.
En 2016 al partido de Gobierno se le condenó al pago de ¢353 millones por presentar 179 contratos falsos que cobró como deuda política.
Sin embargo, la Procuraduría apeló la sentencia asegurando que fueron un total de 263 contratos fraudulentos.
El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José estableció entonces que el monto a pagar era de ¢516 millones.
El PAC apeló esa sentencia y en setiembre de 2019 la Sala III de la Corte resolvió que se debía revisar el montón de la condena en un nuevo juicio.
Ese juicio está programado para iniciar este jueves 1 de julio a las 8 a.m. y se podría extender hasta el 30 de ese mes.
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(Tomada de Facebook)
Posición clara
La sentencia sobre los 179 contratos falsos está en firme y en el juicio de reenvío se determinará solamente si los 81 restantes son parte del daño económico al Estado.
Es decir, ya los casi ¢353 millones están establecidos, pero el monto crecería en caso de que se compruebe el delito expuesto por la PGR.
“En la sentencia dada el 5 diciembre de 2016 se excluyó 81 contratos; el Tribunal dijo que no había afectación patrimonial, pero se dio una situación contradictoria, porque establecio que la maniobra delictiva fue la misma, los contratos los mismos, personas las mismas”, dijo Aguirre.
“Establece una similitud pasmosa en la génesis delictiva y hace uso de la prueba documental de los contratos, documentos, recibo de pago que están establecidos en esos bonos, pero determina que solo aplica para 179 contratos”, añadió.
Por eso fue que presentaron la apelación y el Tribunal les dio la razón, que fue el momento en que el monto aumentó a ¢516 millones.
Sin embargo, el PAC fue a casación y ahí fue donde determinaron la realización de un juicio de reenvío.
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81 testigos
Aunque el juicio está pactado para realizarse en 30 días, será este jueves cuando el Tribunal determine la forma en la que se desarrollará, según lo explicó el procurador penal.
La PGR atendió una prevención del Tribunal sobre la prueba y les indicó sobre la que están interesados en evacuar, además de que presentaron a los 81 testigos, es decir, una persona por cada uno de los contratos.
“El jueves se pueden presentar dos escenarios: que el Tribunal de integración colegiada decida evacuar la totalidad de la prueba o bien que considere que con los aspectos probatorios incorporados y sentencia de apelación el debate se desarrolle en menos tiempo”, dijo Aguirre.
Ya para el jueves, dice el procurador penal que están citados los primeros testigos.
Desde el PAC han dicho en reiteradas ocasiones que están en busca de los fondos para pagar la estafa, a la espera de lo que decida el Tribunal en el nuevo juicio. Mientras tanto se alista para las elecciones de 2022, pues no tiene impedimento a pesar de la condena.
