Hermes Solano
La Procuraduría General de la República emitió sus conclusiones este miércoles en el juicio por los 82 contratos simulados que el PAC presentó al Tribunal Supremo de Elecciones para estafar al Estado.
El abogado defensor del partido político, Erick Gatgens, hizo su evaluación al respecto y consideró que el procurador penal Rándall Aguirre no aterrizó en la acusación y dejó muchas cosas en el aire.
Considera que eso puede ser beneficioso para su cliente, condenado en 2016 por 179 contratos falsos, por los que debe pagar ¢353 millones, más los intereses generados.
“Me parece que la presentación del señor procurador es valiosa, respetable; sin embargo, le faltó aterrizar en el análisis de por qué razón estos contratos en específico tienen esa característica de ser contratos simulados”, dijo Gatgens a El Observador en la Sala de Juicios 3 del I Circuito Judicial de San José.
“Se enfocó mucho en el plano general”, añadió.
Este caso se remonta a la campaña electoral de 2010, cuando el PAC, a la hora de cobrar la deuda política, incluyó 263 contratos por servicios especiales, por lo que se abrió una investigación.
En diciembre de 2016 se condenó penalmente al extesorero Maynor Sterling y al partido a pagar por daño patrimonial al Estado.
Sin embargo, el Tribunal solo incluyó 179 de los contratos, por lo que tras varios años de apelaciones, se dictó juicio de reenvío (por los contratos pendientes) que inició el pasado 1 de julio.
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Su turno
Este jueves le tocará a Gatgens realizar sus conclusiones y adelantó que basará la defensa en atacar el tema de que ya es una cosa juzgada.
“No se logró demostrar que esos contratos habían sido falsos o simulados”, dijo, en referencia a que la primera vez no se incluyeron dentro de la sentencia a la agrupación política.
“Las referencias que usó el señor procurador están vinculadas con los primeros 179 contratos”, dijo sobre la presentación de Aguirre ante los jueces Nancy Marín, Paul Fuentes y Pedro Ramírez.
Gatgens hubiera preferido poner tener el testimonio de las personas involucradas en esos contratos; sin embargo, el Tribunal decidió no aceptar prueba nueva y juzgar de acuerdo a la aportada y aceptada en el juicio original.
Según el abogado, en sus conclusiones “un poco lo que se va a hacer es ese análisis de las diferencias que hemos encontrado” entre los 179 contratos juzgados y los 82 que se están jugando.
“Me parece que hubiera sido lo más conveniente (tener a los testigos) porque se hubieran tenido los insumos adecuados para fundamentar una decisión”, indicó.
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La petición
La Procuraduría General de la República pidió ¢181 millones como condena al Partido Acción Ciudadana por los 82 contratos especiales cobrados.
Eso representa el monto principal, que son ¢159,7 millones, más las costas personales por ¢21,2 millones.
A esto se le deben sumar los intereses, que según la PGR al día de hoy son de ¢103 millones, que se han generado desde diciembre del 2010. Este monto irá creciendo hasta el día que se haga efectivo el pago.
En caso de que el Tribunal le dé la razón, el PAC deberá cancelar la suma de ¢283 millones por estafar al Estado.
Este monto se sumaría a los más de ¢353 millones de la condena inicial de 2016 que está en firme.
