Desde la Columna
Por: Rocío Aguilar, superintendente de Pensiones
La Superintendencia de Pensiones (Supen) supervisa más de 50 fondos de pensión con recursos administrados equivalentes al 50% del Producto Interno Bruto (PIB), cuyo objetivo es garantizar a sus afiliados el derecho fundamental a la pensión para asegurar la protección económica en la vejez.
Velar por el derecho a la pensión no es una tarea sencilla, dado que involucra la ejecución de muchos procesos, como gestión de inversiones, afiliación, recaudación, otorgamiento y caducidad de beneficios, entre otros, todo con el apoyo de sistemas informáticos, que también involucran otros riesgos (operativos, ciberseguridad). Además, se debe evitar que se materialicen eventos desfavorables desde que se recibe el primer aporte del trabajador hasta que se pague la última mensualidad al pensionado o a sus beneficiarios, ciclo que puede superar los cien años.
A nivel internacional se han identificado problemas financieros en el sector pensiones que resultan de controles bajos o inexistentes en el manejo del riesgo. Por esta razón, el sector es altamente regulado a nivel nacional e internacional. El país también ha experimentado los efectos desfavorables de la ausencia de la regulación, como fue la acumulación de un déficit actuarial del tamaño de tres veces la economía en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), el único fondo que actualmente no es regulado por la Supen. Lo mismo sucedió con el fondo de pensiones del Poder Judicial, que alcanzó un déficit actuarial de 5,5 billones de colones en el 2015, cuando no era regulado por la superintendencia, y que desde su fiscalización se ha logrado reducir considerablemente.
Después de la crisis del 2008, las buenas prácticas en materia de supervisión pusieron su foco en generar procesos de manejo de riesgos dentro de las propias entidades reguladas. La idea es que se posicione una cultura de gestión integral de riesgos que inicie desde la parte operativa del negocio, para evitar que se materialicen daños que puedan afectar a los afiliados. A esto se le suma una unidad especializada en la materia, que busca que todos los riesgos relevantes del negocio se encuentren identificados y valorados, así como la auditoría interna del fondo de pensiones, que vela por la mejora continua y el control interno en los procesos. Estas actividades o líneas de defensa operan de forma complementaria bajo la vigilancia de la alta gerencia y la junta directiva.
El resultado esperado de lo anterior es que las entidades supervisadas puedan identificar, evaluar, monitorear, gestionar e informar a sus afiliados de los riesgos de corto, mediano y largo plazo a los que se enfrentan los fondos de pensiones, además de determinar la reserva y los flujos de caja necesarios para asegurar que los fondos puedan cumplir con sus obligaciones financieras y así obtener la protección económica de sus afiliados en la vejez.
Para lograr que esta cultura tome vida en el gobierno corporativo de las entidades supervisadas, en los últimos dos años la superintendencia realizó visitas a todos sus fondos regulados, así como al RIVM en las actividades actuarial y gestión de activos, al ser las únicas que se permite supervisar. Como resultado de estas visitas, se establecieron planes de acción en relación con las oportunidades de mejora identificadas, sobre las cuales se ha avanzado en su mayoría según lo previsto. Asimismo, se realiza un monitoreo y seguimiento constante, incluyendo el análisis de la información demográfica y financiera de los fondos, así como la ejecución de visitas de supervisión temáticas acorde con la evolución de los riesgos.
Desde este ejercicio continuo es que para la superintendencia no es posible concluir que los rendimientos reales negativos mostrados en lo que va del 2022 para todos los fondos supervisados, tanto los básicos como los complementarios, sean consecuencia de una deficiente gestión de los administradores. Adicionalmente, es necesario recordar que los fondos de pensiones regulados invierten en activos financieros de oferta pública, negociados en mercados autorizados que cumplen con estándares internacionales, tanto local como internacionalmente y cuya clasificación contable se realiza de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Debido a su naturaleza de mejora continua, es posible que la supervisión incorpore nuevas lecciones aprendidas a raíz de la actual crisis geopolítica y financiera. Preliminarmente, una lección es la necesidad de establecer canales de comunicación y educación previsional directa entre los fondos de pensión y sus afiliados, no solo para informar a estos últimos de su entorno y la toma de decisiones, sino para que efectivamente comprendan el negocio de pensiones y puedan valorar críticamente la gestión de sus recursos para asegurar su protección económica en la vejez.
A futuro, la labor de la Supen seguirá jugando un rol estratégico en las reformas que permiten contar con un sistema multipilar referente a nivel mundial, construido con ajustes graduales y complementarios en los últimos 70 años, por lo que es importante mantener la senda reformista a la luz de tendencias seculares como el envejecimiento de la población, la automatización del trabajo, la mitigación y adaptación al cambio climático y la inestabilidad causada por la fragmentación comercial y geopolítica. Por otra parte, una condición necesaria, pero, no suficiente para atender estos retos, es buscar una solución duradera al problema actuarial del RIVM, que pasa por sacarle la provisión de pensión mínima a este régimen, de forma que se genere un vínculo más fuerte entre las pensiones otorgadas y los aportes capitalizados.
Complementariamente, para evitar mayor presión al IVM, es importante apoyar los esfuerzos de la superintendencia por resguardar el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), tarea que no es sencilla en épocas convulsas como la presente, que ha visto retiros masivos de fondos de pensiones en países como Chile y Perú, a pesar de las advertencias de expertos internacionales respecto de las consecuencias que estas acciones tendrán sobre los ingresos de los futuros pensionados.
Por último, la Supen se ha unido al llamado de diferentes actores para desarrollar el mercado financiero local, de forma que existan mayores oportunidades de inversión para los fondos de pensión. Para esto, un factor importante es que el Ministerio de Hacienda mantenga su sendero de sostenibilidad financiera actual para no limitar indirectamente otros proyectos que puedan nacer desde el sector privado, como sería el caso de la titularización de hipotecas, que tiene el potencial de ofrecer a las personas más opciones para contar con vivienda propia.
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