Desde la Columna
El Reporte Global de la Oficina sobre Drogas y Crimen de Naciones Unidas (UNODC) del 2023 señala que los cultivos de cocaína se duplicaron entre 2013 y 2017, alcanzó su punto máximo en 2018 y volvió a aumentar bruscamente en 2021. En valores nominales entre 2014 y 2020 la producción de esta droga pasó de menos de 900 toneladas a más 2.000 toneladas.
Estas cifras revelan la alarmante situación de riesgo que enfrenta Centroamérica pues este incremento desmedido ha diversificado y multiplicado los canales de tráfico ilegal hacia Estados Unidos y Europa.
Costa Rica particularmente se enfrenta con un enemigo tremendamente peligroso que muestra sus efectos más terribles en el aumento en la cantidad de homicidios registrados pasando de una tasa de 11.0 en el 2019 a más de 17.0 en el 2023 por cada cien mil habitantes y replicando la misma conducta en el actual 2024.
Entre 2022 y 2023 Limón registró un aumento del 45% de homicidios mientras que Puntarenas creció un 35%. La provincia de San José tuvo un espectacular crecimiento del 63% cuya principal causa fue la disputa por territorios para el tráfico de drogas. Además de esta dolorosa realidad, el efecto de estas actividades criminales sobre la seguridad de los habitantes ya muestra un cambio negativo en el entorno de muchas ciudades del país donde impera actualmente la violencia y el miedo. Revertir esta situación será una tarea larga y difícil.
Costa Rica ha avanzado lentamente en los últimos años para enfrentar este riesgo, pues no se han ejecutado políticas ni acciones concretas y eficaces para mitigar verdaderamente su impacto.
El alto índice de homicidios es la más clara señal de que el sistema actual no ha tenido capacidad para enfrentar este problema. En materia legal son pocas las iniciativas que se aprobaron y en la asignación de recursos más bien hay un retroceso. En la investigación científica hay un éxodo de profesionales hacia el sector privado motivados por salarios no competitivos y condiciones de trabajo desfavorables. En la Fuerza Pública la queja por la excesiva falta de recursos también es permanente.
Otros aspectos como el combate a la corrupción policial también requieren de mucho más empuje. El peligro es tan importante que no debe esperarse a que la situación aún se desmejore para lograr un verdadero Acuerdo Nacional que enfrente de manera seria, objetiva y dentro del estado de derecho a este peligro tan grave que actualmente amenaza nuestra tradición de paz, el clima de inversión y el turismo.
Los tres Poderes de la República han mostrado señales importantes para buscar acuerdos, la mayoría orientados hacia la aprobación de reformas o nueva legislación. No obstante, eso no será suficiente para controlar a ese enemigo, pues resulta indispensable una asignación apropiada de recursos hacia el cumplimiento de la Ley, mayor profesionalización y especialización en contra del Crimen Organizado y una acción decidida y contundente contra el sicariato.
Además, debe revisarse exhaustivamente el proceso penal y penitenciario que fue implementado hace muchos años, así como la Ley General de Policía que necesitan una actualización urgente.
Es imprescindible que todos los actores políticos se unan bajo la bandera de Costa Rica para implementar una verdadera estrategia que frene esta escalada de violencia y muerte que enfrentamos actualmente. La realidad que vivimos y la que ocurre en la Región donde el crimen organizado domina ampliamente en zonas de esos países es alarmante y requiere de medidas extraordinarias para enfrentarlo.
Desde la Columna
