Desde la Columna
En Costa Rica, las zonas francas se han convertido en un pilar fundamental para el crecimiento económico, y el desarrollo productivo del país. Este modelo, que permite a las empresas operar bajo un régimen tributario especial, ha demostrado ser un motor de empleo, innovación y competitividad en el país.
Las cifras son contundentes. A través este régimen el país exporta más $15.000 millones y genera casi 250.000 empleos entre directos e indirectos. Según el último estudio de Procomer, su contribución absoluta a la economía costarricense en materia de salarios, cargas sociales y compras locales supera los $10.000 millones de dólares, es decir más del 12% de nuestro PIB. En 2023, el país tuvo récords históricos de atracción de inversión: casi $4.000 millones de inversión, 59 nuevos proyectos y 100 reinversiones.
Estos resultados nos han posicionado como el país que logró atraer la mayor cantidad de inversión extranjera del mundo, en relación con el tamaño de su economía. En otras palabas, Costa Rica es el campeón mundial de atracción de inversión extranjera.
Existe la percepción errónea de que las zonas francas benefician únicamente a grandes corporaciones internacionales. La realidad es que su impacto positivo se extiende a toda la economía. Además del empleo formal y bien remunerado, que a su vez genera más de $1.200 millones en aportes a entes sociales como la CCSS y el INA, se estima que hay más de 10.000 empresas locales, en su mayoría pymes, que venden sus bienes y servicios a las más de 500 empresas y parques de zonas francas que operan en el país. Este modelo de encadenamientos es fundamental para la mejora en la productividad nacional, la trasferencia de conocimientos y el desarrollo del talento humano. Es un efecto derrame positivo para la economía nacional.
Sin embargo, el éxito no está exento de desafíos. En un mundo globalizado y constantemente cambiante, es imperativo que Costa Rica continúe innovando en sus políticas de zonas francas para mantener su atractivo como destino de inversión.
El éxito vinculado a nearshoring y friendshoring podría opacarnos la visión y reducir el sentido de urgencia asociado a la necesidad imperiosa de mejorar el modelo. Es de esperar que los incentivos fiscales del offshoring para muchas empresas multinacionales se erosionen con el Impuesto Mínimo Global.
Por esa razón, y porque el país compite ferozmente con países de toda la región, es que no se puede apostar exclusivamente a los incentivos fiscales y la propuesta de valor de los últimos 30 años sin incluir mejoras e innovaciones de peso.
Así como el contexto global ha cambiado, las empresas globales también han evolucionado. Estas empresas, además de lo que el país ya ofrece (ubicación , estabilidad, acuerdos comerciales, seguridad jurídica, incentivos fiscales, institucionalidad de apoyo, etc) buscan talento actualizado, ecosistemas de innovación, sostenibilidad, infraestructura digital, transparencia, trazabilidad, reputación país e incentivos de segunda generación.
Los incentivos de segunda generación, incluyen flexibilidad en el régimen laboral, facilidades logísticas y de infraestructura, apoyo a la innovación, la investigación y el desarrollo, así como subsidios para ciertas actividades estratégicas, etc. El país debe valorar la inclusión de nuevos sectores productivos que potencien el posicionamiento país: educación, energías verdes, turismo médico, algunos servicios profesionales, zonas francas temáticas que potencien el desarrollo de clusters, etc.
La generación de empleo debe ser prioritario en la política y acción pública. Proyectos que generen más de 200 empleos son escasos y se deben potenciar. Además de procurar diversificación de sectores productivos y orígenes de la inversión (USA), debemos mirar más allá del greenfield. La tendencia mundial actual es de fusiones y adquisiciones, brownfield y el modelo de BOT (build-operate-transfer).
El país debe avanzar más rápido en la simplificación de trámites, el fortalecimiento de la educación y formación técnica de la fuerza laboral, la mejora en infraestructura y logística, así como la seguridad ciudadana y la brecha entre las zonas francas y el régimen definitivo que empiezan a convertirse en el talón de Aquiles de nuestro modelo.
Las zonas francas son cruciales para el desarrollo de Costa Rica. Para potenciarlas, es vital una colaboración público-privada que fortalezca el modelo, garantizando su sostenibilidad y capacidad de adaptación. Solo así seguirán impulsando el crecimiento, la innovación y el bienestar en el país.
Desde la Columna
