Paula Ruiz
Un informe de mayoría presentado por un grupo de 5 diputados que investigó a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, señaló que “las comparecencias bajo juramento de los denunciantes no acreditan las faltas de cumplimiento de su cargo que le imputan (…) y sobre todo para demostrar que tales supuestas faltas sean consecuencia de una negligencia notoria ni un incumplimiento o lesión grave del ordenamiento jurídico nacional”.
Es por ello que los legisladores recomiendan la plenario legislativo que no hay fundamento para cesar a Crespo de su cargo, de acuerdo con el informe de la investigación que, en las últimas horas, el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, hizo público en acatamiento a un informe de servicios técnicos, según indicó.
“En consecuencia concluimos de forma fundada, derivada, razonada y congruente que es improcedente decretar la cesación del cargo” concluyeron en su informe de mayoría los diputados María Inés Solís, Jorge Luis Fonseca, Eric Rodríguez y Ana María Montiel.
Sobre el caso UPAD, “al margen de todas las vicisitudes que se dieron en torno a esto, lo cierto del caso y para los efectos de la presente investigación es que la Defensoría inició una investigación que concluyó con una relación de hechos que se presentó a la Fiscalía General de la República por estar en presencia de conductas que eventualmente podría constituir un delito, indica el informe de la comisión investigadora.
Agrega que “entonces el caso UPAD concluyó, según las posibilidades jurídicas que ofrecía el ordenamiento, pues ante la redacción de un informe final con recomendaciones o la relación de hechos para remitirlo a las autoridades judiciales, la Defensora escogió este último camino
Otro de los hechos que se le atribuyeron a la Defensora, como irregularidad en la denominada investigación del caso UPAD fue que por sugerencia de Crespo se omitieron del informe los nombres de Rodolfo Piza, exministro de la Presidencia y Erikson Álvarez, director ejecutivo del Sinierube. A Crespo se le cuestionó su vínculo político y personal con Piza.
No obstante, la comisión concluyó que quitar estos nombres del informe no alteró el fondo de la investigación. “Es decir, para el resultado de la investigación de los hechos esta modificación no tiene relevancia alguna porque no está excluyendo ningún tipo de responsabilidad de los funcionarios”, señala el documento.
Entre tanto, un informe de minoría firmado por los diputados Nielsen Pérez y Otto Roberto Vargas, recomienda al plenario valorar la destitución de Crespo y que se proceda a declarar vacante el cargo de Defensor de los Habitantes a la brevedad posible.
Asimismo, apunta a que previo a esta acción se agende una comparecencia oral de la Defensora de los Habitantes ante el plenario legislativo, como oportunidad jurídica procesal para que defienda sus actuaciones.
La investigación
La comisión legislativa tuvo como objeto investigar y rendir un informe sobre las denuncias presentadas, la primera con fecha 4 de agosto, por Laura Fernández, Juan Carlos Pereira, David Walsh, José Fulvio Sandoval, Ana Karina Zeledón, Mauricio Medrano, Kattia Rodríguez, Juan Manuel Cordero, Jeanette Carrillo, Hazel Díaz, Walter Meza, Ronald Alberto Retana y Catalina María Delgado, sobre los cambios en el funcionamiento del Consejo de Directoras y Directores de la Institución
Asimismo, el 13 de agosto se presenta una denuncia ampliada firmada por Jeanette Carrillo y Juan Manuel Delgado en representación del Consejo de Directores, David Walsh del Sindicato y Juan Carlos Pereira, Carlos José Valerio , Andrea Hidalgo y Nazareth María Correa en representación de los funcionarios de la institución.
Los denuncias apuntaban como hechos cuestionables que
- La Jerarca reformó el procedimiento y funcionamiento del Consejo de directores
- Irregularidades en la intervención por parte de la Defensora en el caso UPAD
- Cambios en el manual de macroprocesos por parte de la Jerarca para que le permitan actual de forma discrecional e incidir en el proceso técnico
- No existe una dirección técnica ni conducción estratégica, ni comunicación asertiva por parte de la Defensora
- Violación al sistema de control interno institucional
- No atiende iniciativas en defensa a los derechos de la niñez
- Desidia y menosprecio por el trabajo de los que laboran en la institución y realización de campañas publicitarias realizadas sin el conocimiento técnico
- Congelamiento de plazas para funcionarios
- Violación a la confidencialidad de los expedientes de los funcionarios
- Recargo de funciones de la Contraloría de Servicios en la dirección de Planificación Institucional
- Irregularidades en el nombramiento del Defensor Adjunto
- Nombramientos irregulares
- Uso de redes sociales de forma irregular
- Participación partidaria de la Defensora
De acuerdo con los documentos, los funcionarios de la institución señalaron que a raíz de los hechos del caso UPAD se generaron una serie de situaciones en la Defensoría, entre ellas, una reforma estatutaria para suprimir técnicamente el Consejo de Directores el 3 de agosto y cinco días después una más para regular el funcionamiento del Consejo que recién se había variado.
Los diputados consideraron que los cambios efectuados en el Consejo, de igual maneja que la modificación en el Manual de Macroprocesos es una disposición de normativa interna y es atribución de la Defensora como cabeza de la institución hacer las reformas que estime necesarias
Con respecto a una supuesta beligerancia política de la defensora denuncia del 29 de julio ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Asamblea Legislativa, por Álvaro Sagot y Kattia Calvo, indicaron los diputados que es competencia del Tribunal que la comisión no puede invadir.
El 24 de febrero anterior, Catalina Crespo y su equipo asistieron a la Casa Presidencial para realizar una pesquisa como parte de la investigación sobre la cuestionada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Como parte de las diligencias, se entrevistó con el mandatario Carlos Alvarado, sobre este tema.
A finales de mayo, Crespo informó de la pérdida del audio grabada desde un teléfono celular de un funcionario. Esto pese a que se enteró desde marzo sobre la ausencia de la grabación.
Esto generó malestar, sobre todo entre legisladores cuya primera reacción fue pedir la renuncia de la Defensora.
Ante la comisión legislativa, Crespo dijo, “nunca imaginé ser testigo en mi propio país de actos gubernamentales que lesionan las más básicas libertades, en relación con la protección de datos sensibles y confidenciales de las personas. Nunca imaginé que en la Defensoría de los Habitantes, el audio de la entrevista hecha al señor Presidente de la República fuese borrado.
“Nunca imaginé que el cumplir con mi deber legal de trasladar al Ministerio Público la investigación sobre las acciones que condujeron a la desaparición de una parte del audio, generara un conflicto interno con un grupo de directores que por años han estado en la institución de la Defensoría”.
