Hermes Solano
La Asamblea Legislativa aprobó de manera definitiva, en segundo debate, el segundo presupuesto extraordinario de 2024 que incluye los $700 millones del crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Ese dinero se va a utilizar para 503 proyectos de infraestructura afectados por desastres naturales y que están en riesgo inminente.
La aprobación fue unánime -40 votos-, no sin antes generar discusión, principalmente por la preocupación que genera el uso de los recursos, más después de darse todo el tema del Aeropuerto Daniel Oduber, incluido en el decreto de emergencia de la Tormenta Bonnie de 2022 un año después.
“Hicimos un trabajo serio, responsable porque este crédito saliera de la mejor manera y el primer logro fue la reducción de la tasa de interés”, indicó el diputado del PUSC Carlos Felipe García, sobre el trabajo que hicieron en la Comisión de Hacendarios.
El pasado martes se le dio primer debate en una discusión que se extendió hasta las 8 p.m., luego de que Liberación Nacional quería enviarlo a la Comisión de Hacendarios mediante mociones 137.
Lo que se pretendía era generar mayores controles para asegurar la utilización del dinero y que se dieran sorpresas indeseadas en el camino.
Sin embargo, hubo señalamientos de otras fracciones sobre el procedimiento legislativo y tras más de una hora de negociación se acordó ver las mociones en el mismo Plenario.
Mayor control
La moción aprobada al texto señala que la Comisión Nacional de Emergencias debe informar a la Comisión de Hacendarios de manera trimestral “el detalle de los avances de los respectivos procesos de contratación con sus avances físicos -financieros de la ejecución de las obras”.
También señala otros elementos que se deben de cumplir para fiscalizar que el dinero se utilice de forma correcta. Estos son:
-Que las distintas instituciones competentes y las respectivas unidades ejecutoras aprueben formalmente los términos de referencia de las respectivas contrataciones y que conste en el expediente de cada contratación.
-Será responsabilidad de cada una de las instituciones competentes y las respectivas unidades ejecutoras, conforme las resoluciones vinculantes, que las obras a ejecutar se encuentren dentro de los fundamentos técnicos y legales determinados dentro de los parámetros establecidos por la Comisión Nacional de Emergencia. Para lo cual deberá constar en cada expediente certificación pertinente del Área Jurídica con su respectivo criterio.
-Deberá constar los estudios técnicos respectivos para cada contratación, que aquellas obras incluidas en los decretos de emergencia realizadas en los planes generales de emergencia no sean extemporáneas.
