Paula Ruiz
El Ministerio de Educación Pública (MEP) prepara un proyecto de ley con tal de eliminar la potestad de los concejos municipales para nombrar a los miembros de Juntas Administrativas y Juntas de Educación.
La idea es evitar que las juntas no puedan reunirse lo cual estaría provocando una falta de ejecución presupuestaria, indicó Anna Katharina Müller, ministra del ramo.
“Se ponen miembros que no pueden estar sesionando, entonces la mayoría de quejas que tenemos de que no se ejecuta es porque no se han podido reunir porque ha faltado un miembro”, explicó.
A criterio de la jerarca, se debe de realizar una selección efectiva de personas con el tiempo y disposición para formar parte de estos órganos educativos tomando en cuenta las responsabilidades que tienen para garantizar el funcionamiento del centro educativo.
El interés del MEP es presentar la reforma a la Ley lo más pronto posible a la Asamblea Legislativa, donde ya han mantenido reuniones con diputados por esta propuesta.
“Estamos corriendo lo más que podamos porque creo que es algo que va a mejorar muchísimo la situación del MEP, el MEP no puede simplemente ser una caja de transferencia de fondos”, puntualizó Müller.
¿Quién los nombraría?
Hasta el momento, el Ministerio no tiene idea quién podría asumir esas designaciones.
“En eso estamos, para que no sea un proceso que se politice que eso es lo más importante y que haya un perfil de selección de los miembros para que cumplan con ese perfil, un proceso de selección como debe ser”, manifestó la ministra.
Mientras eso se concreta, buscan la manera de poner en orden a las juntas dado que tienen en sus manos decisiones de aspectos básicos como pagos de electricidad y agua, comida para los comedores escolares hasta infraestructura educativa.
“Hay que tener control de esos fondos y sobre todo, tener control de lo que le llega a los niños, ustedes han visto que voy a revisar comedores escolares, hay unos centros done les va fabuloso pero hay otros donde no se están gestionando bien los recursos”, reconoció.
Müller indicó que se está implementando un sistema digital que les permite un mayor control de los recursos transferidos a las juntas. Aquí, cada contador tiene que informar con una certificación de forma mensual, sobre los gastos.
También, pretenden modificaciones en el transporte estudiantil que les permitiría evitar el traslado de recursos por aproximadamente ¢50.000 millones a las juntas por año.
En el país hay más de 4.500 juntas que manejan unos ¢220.000 millones anuales.
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