Hermes Solano
La ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) Paula Bogantes, compareció este miércoles ante la comisión de Relaciones Internacionales del Congreso para explicar el decreto que excluye a las empresas chinas de participar como proveedores de tecnología 5G.
Semanas atrás, el presidente Rodrigo Chaves y la jerarca del Micitt firmaron el decreto ejecutivo 44196-MSP-MICITT, que dejó por fuera a empresas de ese país, entre ellos la firma Huawei.
Bogantes les dijo a los diputados que la decisión se tomó con la intención de subir los estándares de seguridad nacional, luego de que el país sufriera los ataques de cibernéticos que afectaron al ministerio de Hacienda y a la Caja Costarricense de Seguro Social, principalmente.
En ese decreto, se determina que los países que pueden participar en el concurso para proveer el servicio de tecnología 5G son los que forman parte del Convenio de Budapest, que es un acuerdo sobre la ciberdelincuencia.
China no forma parte de ese acuerdo y a raíz de eso, lo dejan por fuera.
“Si un operador o un proveedor de hardware o software y su casa matriz está en un país que no es firmante del Convenio de Budapest, ni ha expresado interés, o no está en proceso de adhesión, no podrá participar”, dijo Bogantes.
“Si firma (China) o indica el interés de ingresar al Convenio de Budapest pueden participar (las empresas) y se puede usar el equipo Huaweii”, añadió, en una respuesta a la diputada Melina Ajoy.
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Sí en tecnologías inferiores
Según Bogantes, Costa Rica no le está cerrando la puerta a ningún país, y lo que está haciendo es reforzando la seguridad.
Dice que desde el Micitt están elaborando un documento sobre buenas prácticas para la tecnología 4G e inferiores y que ahí todavía pueden participar las empresas chinas como Huaweii.
“Tampoco es correcto pensar que estamos aplicando una directriz donde se le instruya a los operadores que deben dejar de utilizar la infraestructura para el despliegue de tecnología 3G y 4G”, dijo.
Eso sí, aunque señalan que no están discriminando a ninguna empresa local, ni internacional, los que quieran concursar “tienen que cumplir con los lineamientos del decreto de ciberseguridad”.
“Si quiere participar en el despliegue debe cumplir con los requisitos que incluye el decreto de ciberseguridad y uno de ellos es el Convenio de Budapest”.
En Costa Rica, el ICE y los proveedores de tecnología cuentan con contratos millonarios con empresas chinas, y han invertido en infraestructura.
La compañía Huawei presentó un recurso de amparo pues considera que está siendo discriminada por parte del Gobierno en los concursos relacionados al desarrollo de la tecnología de quinta generación, conocida como 5G.
Según la compañía pretende “defender su derecho constitucional a la igualdad y no discriminación, ante el inminente desarrollo de las redes de telecomunicaciones 5G en Costa Rica en las actuales condiciones”.
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Decisión política
Aunque el Gobierno defiende que la decisión tomada obedece a aspectos técnicos y de seguridad, los diputados de la Comisión consideran que todo se dio alrededor de una definición política.
“No es una decisión técnica, es una decisión política”, les dijo Sofía Guillén del Frente Amplio y también lo replicó Óscar Izquierdo.
“No están usando como referencia el proyecto mundial más grande de ciberseguridad, sino que decidieron, como un criterio político, y sin ningún fundamento utilizar como requisito el Convenio de Budapest que nadie usa como requisito para el tema de ciberseguridad”, señaló la frenteamplista.
Bogantes compareció en este órgano legislativo y podría hacerlo también en la Comisión de Infraestructura, donde el jefe de bancada del PUSC, Alejandro Pacheco, presentó una moción para llamarla a dar explicaciones sobre el tema.
