Redacción El Observador
El Ministerio Público ordenó la detención de uno de sus fiscales auxiliares en Golfito, como sospechoso de cometer el delito de concusión.
La captura se realizó este viernes a las 7:30 de la mañana. El funcionario trabaja para la Fiscalía Ambiental de la zona, informaron las autoridades en un comunicado de prensa.
Según el artículo 355 del Código Penal, el delito de concusión se refiere a “la acción de un funcionario público que, abusando de su posición o funciones, induzca o fuerce a alguien a proporcionar o prometer, de manera indebida, bienes o beneficios patrimoniales, ya sea para él mismo o para terceros”.
La legislación establece penas de dos a ocho años de prisión para este tipo de delito.
Mauricio Boraschi Hernández, Fiscal Adjunto de la Fiscalía General, lamentó la situación y subrayó que el Ministerio Público actúa de manera contundente y oportuna ante tales situaciones de presunta corrupción, sin importar la posición del involucrado.
“Desde la Fiscalía General enviamos un mensaje a toda la población de que en el Ministerio Público no toleraremos actos de corrupción. Actuaremos con toda la fuerza que la ley nos brinda para prevenir esto. Necesitamos la colaboración de la población mediante denuncias. Instamos a quienes tengan conocimiento de estos actos a que se acerquen y denuncien, nosotros recibiremos y procesaremos estas denuncias”, afirmó Boraschi.
Lo que se investiga
El fiscal auxiliar, de apellidos Romero Ruiz, habría exigido un pago de $5,000 a un empresario, a cambio de intervenir en un expediente judicial en favor de los intereses del empresario.
El comunicado agrega que el fiscal auxiliar, presuntamente, removería una prueba importante del caso en investigación, que involucraba un supuesto delito de tala ilegal, con el fin de lograr su desestimación, o archivo de la causa.
Desestimar un caso consiste en una “solicitud de la Fiscalía al Juzgado Penal para que se archive la denuncia o las actuaciones policiales (por ejemplo, un informe o una investigación), cuando: el hecho denunciado no sea delito; no existan pruebas suficientes para acusar; no se pueda proceder, por alguna razón. El caso puede ser reabierto, si fuera necesario”.
La entrega del dinero, para ese presunto fin, no se concretó tras la denuncia del empresario, informó la fiscalía.
Este caso es investigado bajo el expediente 23-000083-1218-PE.
Este viernes, las autoridades allanaron las oficinas y la vivienda del funcionario. Se prevé que durante la tarde se soliciten medidas cautelares en su contra.
