Paula Ruiz
El ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Francisco Gamboa, defendió el proyecto de ley que busca eliminar la fijación de tarifas de honorarios obligatorios por servicios profesionales.
La iniciativa impulsada por el Gobierno es analizada en la corriente legislativa mediante el número de expediente 23.357 en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Gamboa defendió que esta eliminación implicaría tarifas acordadas con el cliente para servicios como:
- Inscripción de sociedades
- Venta de propiedades
- Transferencia de bienes en general
- Certificaciones de ingreso
- Elaboración de planos de Construcción
- Servicios que ofrecen médicos, nutricionistas, psicólogos y otras profesiones
- Otros
El jerarca del MEIC destacó que en caso de aprobarse el plan, no generará un impacto negativo en cuanto a la calidad de servicios profesionales.
“La preservación o búsqueda de estándares de calidad en la prestación de servicios profesionales es una condición que pueden seguir perfectamente los colegios profesionales.
“Y que no debería tener relación alguna con la imposición de una tarifa mínima para la prestación de dichos servicios o sea, no debería tener que ver una cosa con la otra”, afirmó.
Adicionalmente, el MEIC destacó que el plan se enmarca en prácticas internacionales en materia de competencia, que el país ha conocido con pronunciamientos como el de la Organización para la Cooperación (OCDE).
“Cabe destacar que la nueva legislación no ocasionaría daño al equilibrio económico que debe regir entre los agremiados y sus clientes.
“Lo que se crea bajo el principio de libre contratación, es decir, el profesional acuerda con el cliente un precio por el servicio ofrecido, sin que sea sancionado”, defendió el MEIC.
Críticas
Durante la audiencia del jerarca se externaron críticas hacia la iniciativa. Una de ellas por parte de Gloria Navas, diputada de Nueva República.
“¿Por qué voy a regular con un mínimo si es un excelente profesional?”, cuestionó la neorepublicana.
Navas apuntó a que no podría haber un mínimo para un profesional que “se ha quemado las pestañas” y tiene grados académicos como doctorados o posgrados.
Por su parte, el verdiblanco Danny Vargas afirmó que “no me convence la iniciativa porque tiene que ver con la calidad de los servicios”.
Vargas dejó entrever que este plan podría aumentar la evasión, dado que un profesional se vería tentado a no registrar sus servicios a cambio de un pago inferior.
En contraparte, el oficialista Manuel Morales apuntó a que los colegios profesionales más bien deberían de centrarse en auditar los planes de estudio de las universidades y si estas casas de enseñanza están acreditadas.
Aunque esas forman parte del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).
Este proyecto es en paralelo a los Decretos Ejecutivos promulgados por el Gobierno en esta línea que fueron firmados el 14 de setiembre por parte del presidente Rodrigo Chaves.
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