AFP
El parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, ratificó esta semana una reforma constitucional que castiga con cadena perpetua los crímenes de “odio”. Críticos del gobierno de Daniel Ortega aseguran que la medida busca criminalizar las protestas opositoras.
La iniciativa fue aprobada por 70 votos del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) y sus aliados, y rechazada por 13 opositores.
La reforma al artículo 37 de la Constitución señala que “excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes, que por su impacto causen conmoción” en el país.
Con este cambio, la pena mayor en Nicaragua pasa de 30 años a cadena perpetua. Empero, no precisa qué tipo de acciones quedan comprendidas bajo el concepto de “odio”.
Aún quedó pendiente una ley que reglamente el artículo, así como una reforma en el Código Penal para incorporar la figura de la cadena perpetua.
Discrecionalidad de la pena
Azucena Castillo, legisladora del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), aseguró que el país “no está preparado” para imponer penas tan duras. Esto debido a la “discrecionalidad” con la que actúa la justicia nicaragüense.
Está “abierta a todo tipo de interpretaciones políticas”, consideró la diputada. Ella teme que la medida criminalice aún más a la oposición, cuyas actividades son tildadas constantemente por el gobierno como actos de “odio”, “terrorismo” y “golpismo”.
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La reforma había sido aprobada en una primera votación en noviembre, y necesitaba de esta segunda para entrar en vigencia.
Ortega promueve una serie de leyes que apuntan a sus opositores, sobre todo después que el país fuera sacudido en 2018 por meses de protestas que pedían su renuncia.
El mandatario está en el poder desde el 2007 y con posibilidades de postularse a un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre.
Más leyes polémicas
El Legislativo aprobó una norma que criminaliza las protestas con hasta 20 años de prisión. También otra que regula los aportes extranjeros y los recursos que reciben del exterior las organizaciones civiles, bajo pretexto de defender la soberanía nacional.
En octubre el Congreso dio luz verde a una ley de ciberdelitos que permite investigar, controlar y castigar con cárcel las informaciones que el gobierno considere falsas o perjudiciales.
Y en diciembre aprobó una norma para que “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua” no puedan optar a cargos de elección popular.
