Paula Ruiz
El fiscal general, Carlo Díaz descartó que falte comunicación con el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Paz en la lucha contra la violencia.
La semana pasada, Jorge Torres, jerarca de Seguridad y Gerald Campos de Justicia, apuntaron hacia la responsabilidad del Poder Judicial por la liberación de personas sospechosas de cometer algún delito, pese a los esfuerzos de los policías por detenerlos.
Díaz, quien participó este martes en una conferencia de prensa junto a Torres y Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), apuntó a las buenas relaciones entre ambos poderes.
“No podemos ponernos a pelear, debemos trabajar de manera conjunta y eso estamos haciendo, creando enlaces, vamos a tener reuniones, hay una unión entre el ministerio público y diferentes cuerpos policiales, no podemos trabajar de manera aislada”, afirmó el fiscal general.
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De esta manera, despejó dudas de que los señalamientos de jerarcas del Poder Ejecutivo estuvieran dirigidos hacia él o hacia el OIJ.
Más bien, apuntó a que el Ministerio Público no puede trabajar solo y por ello, tienen respaldo de la Fuerza Pública y otras policías.
Asimismo, destacó que han estado teniendo reuniones con tal de buscar la manera de articular el trabajo conjunto.
“Si nos separamos son ellos los que van a ganar”, dijo Díaz, en referencia a grupos organizados.
Los jueces
Consultado nuevamente, Torres ahora apunta a que su malestar está enfocado en la Judicatura.
Por tal motivo, pidió la aplicación de la ley de forma correcta y negó que para atacar la violencia que afronta el país se requiera de más legislación en este momento.
A su criterio, una persona sospechosa de cometer un homicidio, femicidio o aquellas ligadas a estructuras de narcotráfico, entre otros, no debe de estar en la calle tan siquiera con tobillera electrónica.
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Por su parte, Díaz apuntó que desde el Ministerio Público siempre realizan peticiones a los jueces y son estos quienes resuelven conforme a derecho.
“Si como Ministerio Público no estamos de acuerdo, hacemos análisis de las resoluciones y si consideramos que es incorrecta, presentamos apelaciones”, explicó.
Durante los primeros trece días del 2023, se registraron 29 homicidios. Para Torres, una amplia mayoría de personas asesinadas no debían estar libres.
