Manuel Sancho
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de la Asamblea Legislativa (Coopeasamblea) nació en 1972. Desde 1999, administra los recursos de cesantía de miles de funcionarios. Hace una década, el Congreso reiteró que debe vigilar la operación y la gestión financiera de esta organización, aunque sea privada; por el hecho de que maneja fondos públicos.
Sin embargo, es hasta marzo del 2020, que los análisis más profundos y las pesquisas – internas y externas – comienzan a cernirse en torno a posibles problemas financieros en la Cooperativa; su escasa liquidez; su endeudamiento; y el manejo que ha hecho de los recursos de cesantía para dar préstamos.
Ayer, El Observador informó que el Departamento Legal de la Asamblea Legislativa abrió una investigación sobre el estado financiero, el manejo de cesantías y la opacidad en la información que ha entregado la Cooperativa. Esto después de que el Departamento Financiero del Congreso alertara por dudas y omisiones en informes financieros auditados.
Ese órgano encontró que Coopeasamblea:
- le adeuda al Fondo de Administración del Recurso de Cesantía ¢100.055.514,93
- se anotaron ciertas cifras en los informes financieros para conciliar con el monto presentado por el auditor externo
- se estaría incumpliendo la Ley 7391 de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas.
Además esta semana, el Diario Extra publicó que funcionarios de la Asamblea denunciaron ante el Ministerio Público un aparente desfalco por ¢1.800 millones en Coopeasamblea, que afectaría a más de 700 trabajadores. Dos funcionarios, con el respaldo de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, reclamaron un presunto manejo anómalo con los fondos de cesantía en préstamos sin control.
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Administración del Congreso debe vigilar
Desde el 2011, el Directorio Legislativo presidido por Luis Gerardo Villanueva conoció y avaló un estudio preventivo de la Auditoría, el cual confirmó la obligación y vigilancia que debe tener la Asamblea Legislativa, en relación a los recursos de cesantía que se trasladan tanto a la Cooperativa como a la Asociación Solidarista (Aselegis).
Se basó en dicho estudio, para tomar un acuerdo en marzo del 2011 y comunicar al Departamento Financiero mediante el oficio 0318-03-2011, que la Asamblea tendría que asumir una “responsabilidad” ante una “eventual pérdida de estos recursos (cesantía) por parte de esos sujetos privados”.
En ese momento, hace nueve años, las autoridades políticas de Cuesta de Moras aprobaron incluso un “marco de control”, con una matriz específica, para el giro, seguimiento y uso de los fondos de concepto de aporte patronal – incluidos cesantía – que la Asamblea traslada a la Cooperativa y a la Asociación.
“El Departamento Financiero (Área de Contabilidad) será la dependencia encargada de analizar la información aportada por Coopeasamblea R.L. y Aselegeis”, ordenó el acuerdo.
Sin embargo, la supervisión llega años después y hasta que se abrió una investigación interna y funcionarios denunciaron penalmente, por posibles problemas financieros en la entidad.
Antonio Ayales, director Ejecutivo del Congreso, quien ordenó la investigación del Departamento Legal, afirmó que desde el 2018, Financiero pidió información a la Cooperativa. Hizo lo mismo en el 2019 y a inicios del 2020, sin ver las dudas y consultas de datos aclaradas. “Claro que fue tardía (la reacción)”, dijo.
Fuera del ojo de Sugef, en deuda con Infocoop
Coopeasamblea no entra en el universo de organizaciones y empresas que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) supervisa. El superintendente Bernardo Alfaro respondió que la entidad no cumple con los parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif).
Así lo mantuvo el Consejo en su más reciente acuerdo sobre el tema, tomado en diciembre del 2018. En la sesión 1469-2018 – recordando las potestades que le da la ley de diferenciar entre tipos de intermediarios financieros – el Conassif decidió eximir de su supervisión a Coopeasamblea, por ser una cooperativa de ahorro y crédito cerrada (no tiene libre adhesión a todo público) y por su tamaño.
Ante la situación, la supervisión de Coopeasamblea corre a cargo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) según la Sugef.
En estos momentos Supervisión Cooperativa está terminando un proceso de revisión de estados de cumplimiento de la Cooperativa del Congreso, según respondió el departamento de comunicación del Infocoop. Aún no está listo el informe.
Pero este ente no tiene la potestad de realizar una intervención, no importa la salud financiera o denuncias de asociados.
“Se está analizando la situación crediticia de la cooperativa y haciendo algunas recomendaciones técnicas. (…) Una vez finalizado dicho informe será discutido y entregado a la Cooperativa, por lo que se le podrá solicitar a la cooperativa, dado que contiene información calificada de sensible, que por su naturaleza jurídica se evidencia que no puede ser de conocimiento público”, señaló Infocoop.
Por un préstamo en mora, la Coopeasamblea arrastra una saldo de ¢ 351.122.822, con dos cuotas de atraso. Infocoop ni negó ni confirmó que la entidad haya entrado a cobro judicial.
El presidente de la Cooperativa, Rodolfo Camacho, defendió que están pagando y atendiendo la deuda. Además se pidió tiempo al Congreso para responder por las dudas de información y de los estados auditados, que hicieron que el Departamento Financiera pidiera una investigación.
Camacho – quien también es jefe de Presupuesto del Congreso y parte del equipo fiscalizador del fideicomiso que construye el nuevo edificio – admitió que al cierre del año pasado tenían problemas de liquidez, y ahora la situación es “más compleja”.
En febrero, la Cooperativa anunció a sus asociados que pagaría los excedentes del 2019 de forma escalonada, tardía y hasta un mes después.
Manuel Sancho
