Juan Pablo Arias
A las 00:01 de este viernes 3 de julio, el Banco Central de Costa Rica publicó en su sitio web el primer tope máximo a los intereses o “tasa de usura”, el cual será de 37,69% para todos los préstamos, financiamientos y tarjetas de crédito en colones.
También se fijó en 30,36% el límite para las operaciones en dólares. El límite para los microcréditos (financiamientos menores a ¢675.000) será de 53,18% en colones y de 42,99% en dólares.
Estos límites se aplicarán durante todo el segundo semestre de este 2020 y no son retroactivos, por lo que no afectan los contratos de préstamos o tarjetas de crédito vigentes.
Al menos 1,5 millones de tarjetas de crédito en el país tienen una tasa de interés superior al nuevo tope, de acuerdo con datos recopilados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en abril pasado.
La publicación de las tasas máximas a los intereses se hizo en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 36 bis de la Ley N° 7472 (Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor), adicionado por la Ley N°9859 del 11 de junio de 2020.
Dicha reforma especifica que “Las tasas máximas señaladas serán calculadas y establecidas por el Banco Central de Costa Rica, el cual las deberá publicar, en la primera semana de los meses de enero y julio de cada año, en La Gaceta y en su página web…”.
En adelante, las nuevas tasas podrán ser consultadas en el sitio web del BCCR, en la ruta: Indicadores Económicos/Tasas de interés/Tasas de interés calculadas por el BCCR/Tasas anuales máximas de interés, o en este enlace.
Para el cálculo de los topes máximos, el Banco Central utilizó el promedio simple de las tasas de interés activas negociadas mensuales para los 12 meses previos (en este caso, para el periodo julio 2019-junio 2020). La tasa de interés de cada mes es el promedio ponderado de las tasas de interés activas para todas las operaciones de crédito efectuadas durante el periodo.
Reacción adelantada
El banco BAC Credomatic anunció el jueves la supresión de 187.526 tarjetas de crédito a 79.789 clientes, cuyas operaciones se vuelven deficitarias para la empresa, con motivo de la implementación del nuevo límite.
Al mismo tiempo, la entidad financiera anunció el cese de labores de 373 empleados directos y el cierre de 11 puntos de servicio en los próximos días.
Al anunciar las medidas, Federico Odio, gerente de BAC Credomatic, explicó que con las nuevas reglas del juego, hay segmentos que no se pueden seguir sirviendo con los productos y canales tradicionales.
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«Estamos evaluando nuevos productos de crédito y microcrédito que nos permitan seguir operando estos segmentos dentro del marco de la ley», indicó.
Bernardo Alfaro, Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), había indicado que al menos 120.000 clientes podrían quedarse sin tarjeta de crédito cuando entre en vigor la reforma, según las estimaciones de los bancos.
«A algunos costarricenses que califiquen posiblemente les bajen la tasa de su actual tarjeta, ya que son clientes rentables en su relación financiera integral con el proveedor del plástico; ese grupo se verá favorecido», según el Superintendente.
«Por otra parte, la estimación de algunos banqueros consultados es que a unos 120.000 clientes ya no les mantendrán la tarjeta cuando rija la disposición», agregó.
Consecuencias
La nueva ley le da la potestad a la Comisión Nacional del Consumidor de “denunciar, en la vía penal, a las personas físicas y jurídicas que eventualmente pueden haber incurrido en el delito de usura, cuando en el ejercicio de sus competencias adquiera la convicción de la potencial comisión de ese hecho punible”.
“Cabrá responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios, representantes, administradores o gestores de las personas jurídicas que tomaron la decisión de cobrar una tasa de interés que supere los límites señalados”, agrega la ley.
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Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del sector económico, aceptó durante la conferencia de prensa del jueves que hay una afectación para personas como efecto de la ley, que el Gobierno espera que puedan volver a ser sujetas de crédito.
«En este caso es verdad que hay una afectación real en torno a un sector de la economía que se ve temporalmente excluido financieramente. Lo que corresponde será aplicar la norma y tratar de ajustar los costos en algún momento administrativos y poder ajustarlo de tal manera que se puedan buscar oportunidades para reincorporar a estas personas que han sido excluidas», indicó.
