Paula Ruiz
El plenario legislativo acordó darle una dispensa de trámite al proyecto de ley para exonerar a las municipalidades de aplicar la regla fiscal, establecida en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Se trata de la iniciativa 21.494 presentada la semana pasada, por un grupo de diputados, en respaldo a las alcaldías.
Laura Guido, primera secretaria del Directorio Legislativo informó al Plenario que esa dispensa no incluye la publicación. Ahora bien, el proyecto de ley tendrá el primer lugar de privilegio en la lista del orden del día.
María José Corrales, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) reconoció que antes de aprobar la Ley 9635 (plan fiscal), ya las municipalidades tenían prohibición de financiar gasto corriente con ingreso capital.
Esta disposición de regla fiscal, emitida desde el Ministerio de Hacienda, indica que el tope de crecimiento del gasto corriente para el año entrante, de un 4.67% con respecto del presupuesto 2019, según se indica en el proyecto de ley.
José María Villalta, del Frente Amplio, catalogó como un error incluir a las municipalidades en esta disposición, ya que la mayoría de los presupuestos municipalistas se financian mediante ingresos propios.
La dispensa para el proyecto se aprobó justo hoy, cuando entra a regir el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).
Sobre la pesca de camarón
En el caso del proyecto para aprobar la pesca de arrastre, los diputados Paola Vega del PAC y Villalta del Frente Amplio, se opusieron a la vía rápida, sin éxito.
Luego de una fuerte presión por parte de los diputados de la provincia de Puntarenas, los congresistas le dieron visto bueno al expediente 21.478 “Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica”.
Óscar Cascante, diputado por el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) afirmó que si bien tendrá que pasar por alguna comisión legislativa, el proyecto estaría en el plenario a la vuelta de dos meses listo para su discusión en primer debate.
Entre las preocupaciones de Vega y Villalta está el impacto ambiental generado por las técnicas de pesca de arrastre.
Cascante refutó estas observaciones y aseguró que ya el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), realizó los estudios necesarios tal y como lo había solicitado la Sala Constitucional.
“Con estos estudios se delimitan las áreas, sólo se pesca a profundidad y las redes son especiales para evitar que se arrastre otro tipo de fauna de acompañamiento”, recalcó Cascante.
