Paulo Villalobos
El Poder Ejecutivo enfrenta una discrepancia en torno a un proyecto de ley en materia financiera, que tiene diversos alcances. Si bien fue presentado por la propia Presidencia, el Instituto Nacional de Seguros (INS) lo criticó con dureza. Se trata del proyecto de Ley de Protección al Consumidor Financiero.
El presidente Carlos Alvarado pidió que se estudien las anotaciones del presidente del INS, Elian Villegas, sobre la iniciativa. Esta propone eximir a las superintendencias del cumplimiento de la regla fiscal, mientras se expande el esquema de regulación en varios aspectos.
“Lo que ha levantado don Elian es un punto de vista que vale la pena que estudien los diputados, por lo que hemos dicho del cumplimiento de la reforma fiscal, que es uno de los señalamientos que ha levantado”, dijo el mandatario.
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Cuestionamientos
El 7 de enero pasado, mediante una carta, Villegas cuestionó el “incremento desmedido” de las competencias de las superintendencias, a costa de un 100% del crecimiento promedio que tuvo el Producto Interno Bruto (PIB) nominal. Lo determinado por el proyecto implicaría desobedecer el capítulo IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para dotar a los órganos de control de más recursos humanos, físicos y tecnológicos.
La iniciativa es impulsada por las superintendencias, con el apoyo del Presidente Alvarado y la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández. El mandatario recordó que existen propuestas de fusionar las cuatro superintendencias (de Entidades Financieras, Sugef; Valores, Sugeval; Pensiones, Supen; y Seguros, Sugese).
Esa posibilidad ha sido planteada por el exdiputado y director representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Ottón Solís, y el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, comparte con el presidente del Instituto de Seguros, Elián Villegas, en Casa Presidencial. (Roberto Carlos Sánchez/Casa Presidencial)
Los dos planes apuntan a “sintetizar o generar eficiencias” en los entes, para cumplir con los requisitos de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que el país aspira a adherirse este año.
“Yo creo que vale la pena que sean analizadas estas observaciones (del INS). Me parece que son válidas y que están en el resorte de la Asamblea Legislativa. Creo que sí debemos seguir en ese proceso de que debe aprobarse lo necesario para ingresar, pero es una discusión que también debe seguir.
Yo favorezco que eventualmente hagamos más eficiencias en las cuatro superintendencias, que representan importantes costos al país y que en un proceso de síntesis puede traernos más eficiencia en su ejecución”, agregó el gobernante.
Enérgica protesta
El presidente ejecutivo del Instituto de Seguros, Elián Villegas, durante la presentación de los nuevos seguros para la protección del sector agropecuario, el 9 de enero de 2019. (Roberto Carlos Sánchez | Casa Presidencial)
En su crítica enviada al Presidente del Conassif, Villegas aseguró que “las superintendencias están trabajando en una dirección contraria a la que usted ha indicado”.
“Mientras pedimos sacrificios a los costarricenses mediante el pago de más impuestos, y además se constriñe el crecimiento del sector público sujetándolo fuertemente a la regla fiscal, las Superintendencias solicitan gastar sin límite y en contra de las necesidades y del sentimiento del pueblo costarricense”, lamentó.
El proyecto autorizaría a que las nuevas contrataciones que requieran los entes de control no se realicen al amparo de la Ley de Contratación Administrativa, por un plazo de cuatro años, mientras se expande el esquema de regulación en varios aspectos.
“Todo ese gasto nuevo, crecimiento burocrático y contrataciones fuera de la ley de contratación administrativa, del que se verían beneficiadas las superintendencias tiene como fundamento un incremento desmedido de sus competencias”, señaló el oficio.
El Presidente del INS se opone a que las superintendencias tengan la potestad de anular las cláusulas contractuales, sin que la empresa financiera cuente con el derecho de defender la justificación técnica o legal de la cláusula.
Además podrían dictar:
- cómo deben desarrollarse las operaciones
- cómo prestar los servicios
- cómo administrar el negocio, incidiendo sobre las políticas de remuneración e incentivos de las compañías
Paulo Villalobos
